Autor: Domingo Cavallo

 

Acabo de estar varios días en Madrid, antes y después de mis visitas a Marruecos y Pamplona, ciudades en las que tuve oportunidad de discutir con colegas y con expertos los problemas económicos y financieros por los que atraviesa Europa. Las conversaciones que mantuve en Madrid me permitieron captar con más precisión la situación que se vive en España.

España está hoy como Argentina estaba a principios de 2000. Hasta 2008, España vivió varios años de un progreso entusiasmante que todos atribuían a la incorporación del Reino a la Unión Europea, primero y la entrada a la zona del Euro, después.

Sin embargo, en 2008 comenzó una recesión que ha producido un fuerte aumento del desempleo y, simultáneamente, un agravamiento de la situación fiscal. Esto lleva a una creciente preocupación de los tenedores de bonos españoles por la capacidad de España de servir su deuda que se refleja en la tasa de riesgo país. Después de dos años de recesión el déficit en cuenta corriente, que ha bajado, asciende aún al 8 % del PBI. Tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos reclamarán un fuerte ajuste fiscal y mayor flexibilidad laboral, acciones que son sumamente difíciles de decidir e implementar para cualquier gobierno, sea cual fuere su signo ideológico. Si bien desde el exterior, en particular desde los Estados Unidos, se argumenta que España no enfrentaría estas dificultades si hubiera mantenido su moneda nacional porque tendría disponible el recurso de la devaluación monetaria, en España casi nadie habla de la posibilidad de abandonar la zona del Euro y volver a la Peseta como forma de resolver los problemas.

Argentina también había vivido, hasta 1998, varios años de progreso y optimismo, que todos atribuían al plan de convertibilidad y a las reformas económicas que lo acompañaron. La mejor demostración del entusiasmo que este progreso en estabilidad había generado fueron los resultados electorales obtenidos por el justicialismo desde 1991 en adelante y, hacia el año 2000, a pesar de que se había producido un cambio de gobierno y de signo político a fines de 1999, era sintomático que el nuevo presidente hubiera ganado haciendo campaña con el slogan “Conmigo, un Peso un Dólar”.

La recesión que había comenzado a mediados de 1998 había  provocado también aumento del desempleo y un agravamiento de la situación fiscal. Los acreedores de la Argentina evidenciaban un creciente nerviosismo que se reflejaba, a principios de 2000, en el aumento, todavía tenue, de la tasa de riesgo país. El gobierno enfrentaba el desafío de tener que encarar un ajuste fiscal e introducir flexibilidad laboral, dos conjuntos de acciones indispensables para que la deuda se hiciera sostenible y la economía recuperara competitividad. Desde el exterior comenzaban a escucharse opiniones en el sentido de que Argentina debería permitir la devaluación del Peso. Pero, en Argentina, prácticamente nadie veía como solución el abandono del régimen de convertibilidad, sobre todo porque casi el noventa por ciento de las transacciones financieras y los contratos de mediano y largo plazo estaban pactados directamente en dólares.

Lo que ocurrió en Argentina entre 2000 y 2002 es una experiencia que los españoles deberían examinar con especial atención, porque les servirá de alerta sobre las dificultades, los peligros y los costos económicos y sociales en los que España puede incurrir si no trabaja eficazmente para defender la integridad del Euro y para asegurar que nunca abandonará ese régimen monetario.

Las dificultades 

Las dificultades que conllevan el ajuste fiscal y la introducción de flexibilidad laboral ya se están observando en España, con las mismas características que se vivieron en Argentina durante el año 2000 y 2001. A pesar de que el Gobierno Central logra aprobar las leyes de ajuste fiscal, las comunidades autonómicas (el equivalente de las provincias argentinas) se resisten a acompañar ese esfuerzo. Lo mismo ocurre con los municipios. Y, como en Argentina del 2000, los excesos fiscales y el endeudamiento más gravoso se dan precisamente en varios de estos niveles sub-nacionales de gobierno.

En cuanto a la flexibilidad laboral, una propuesta bastante tímida, como la de Argentina en el año 2000, ya ha generado una ruidosa oposición sindical y se está transformando en la principal causa de pérdida de popularidad y apoyo del gobierno socialista. Es probable que aún cuando el gobierno logre aprobar e implementar esta reforma laboral, al día siguiente los mercados manifiesten su escepticismo y demanden más acciones tendientes a demostrar que la economía española será capaz de recuperar competitividad sin salirse del Euro.

Los peligros 

Hay un peligro que sufrió mucho Argentina en 2000 y 2001, que  probablemente no será tan gravoso para España en los dos próximos años: la fortaleza exagerada de la moneda externa que reemplazó a la moneda nacional. Mientras el Dólar, que era la moneda relevante para la Argentina en aquella época, se mantuvo exageradamente fuerte durante todo 2000 y 2001, hasta mediados de 2002: el Euro, que es hoy la  moneda relevante para España, ya se ha debilitado bastante desde niveles cercanos a 1,60 dólares por Euro algunos meses atrás a 1,23  en estos días. Este debilitamiento es parte de la solución para el problema de pérdida de competitividad de España, al menos en relación a los países de fuera de la zona del Euro. En Argentina, el  Dólar recién comenzó a debilitarse luego de que en Enero de 2002 el país había abandonado al Dólar como moneda, lo que impidió que aquel debilitamiento fuera la solución ordenada y no traumática del problema de pérdida de competitividad que sufría Argentina.

El peligro más relevante para España, que también enfrentó Argentina desde principios de 1999, es el del contagio por devaluación eventual de las monedas griega y portuguesa, si es que estos dos países no llegaran a soportar las apuestas en contra a que las están sometiendo quienes especulan con el default de sus deudas. En el caso de Argentina, la devaluación del Real, a principios de 1999, llevó a muchos de los tenedores de duda argentina, que antes habían especulado en contra del Real, a comenzar a especular en contra del Peso, apostando a que Argentina se vería obligada a devaluar su  moneda y defaultear su deuda. En el caso de España una eventual devaluación de las monedas griega y portuguesa, algo que ocurriría sólo si esas dos naciones abandonaran la zona del Euro, no sufriría contagio por estrecha relación comercial (algo que fue la causa principal del contagio de Brasil a la Argentina) sino por los paralelismos que quienes especulan contra la deuda de los países harán entre la situación de estas tres economías.

 Costos económicos y sociales

Los costos económicos y sociales que podría llegar a pagar España son enormes si, como ocurrió en Argentina entre fines de 2001 y principios de 2002, una crisis financiera, la falta de apoyo político interno y la especulación externa terminan forzando el reemplazo del Euro por la Peseta y España ve destruida toda su base contractual y rotos sus lazos con Europa y con el resto del Mundo. Hoy este riesgo nadie lo ve en España.  Pero los españoles no deben descartarlo, porque era un riesgo que tampoco se percibía en Argentina en el año 2000.

Una observación cuidadosa de la experiencia Argentina de aquellos años debería llevar a la dirigencia española, especialmente a la de los dos partidos nacionales, el Socialismo y el Partido Popular, a advertir que deberán aunar esfuerzos para asegurar que los partidos nacionalistas de las comunidades autonómicas y los sindicatos no boicoteen el imprescindible ajuste fiscal y la necesaria reforma laboral. También tendrán que  influir sobre el resto de Europa para que las crisis griega y portuguesa no terminen en procesos desordenados de default y devaluación de sus monedas. Y, adicionalmente, tendrán que encontrar formas creativas de facilitar la recuperación de la competitividad de la economía española no sólo con respecto a las economías que están fuera de la zona del Euro sino también con respecto a Alemania y a las demás economías que tienen al Euro como moneda. Y esto lo tendrán que lograr sin que la devaluación de su moneda se mantenga en la caja de herramientas con la que se intentará reparar la crítica situación económica por la que España está atravesando. En este sentido, la propuesta que hemos hecho con Joaquín Cottani puede ayudarlos.

                                                         Por Domingo Cavallo, para Perfil.

 Cristina Kirchner ha aprovechado su viaje a España como Presidente pro-tempore de UNASUR para sugerir a los países de la Unión Europea que han acumulado fuertes endeudamientos, que no lleven a cabo ajustes fiscales y tomen el ejemplo de la Argentina post-convertibilidad para reconquistar el crecimiento económico. Es, en general, lo que trasuntan las declaraciones públicas de los economistas y dirigentes políticos que en 2002 apoyaron el abandono del régimen de convertibilidad.

¡Pobre Europa si Grecia, España y Portugal siguieran este consejo! Por supuesto, no lo harán. En Europa, como en casi todo el resto del Mundo, quienes conocen la historia de Argentina en el último cuarto de siglo, saben que nuestro país salió del infierno hiperinflacionario, se modernizó y se integró al Mundo durante  los años de la convertibilidad y, desde 2002 en adelante, volvió a introducir la inflación como problema crónico, se ha estado descapitalizando y está cada vez más auto-aislada del mundo, tanto en materia económica como política.

El crecimiento económico que se dio en Argentina desde 2003 en adelante, fue, como en casi todo el mundo emergente, fruto de la fuerte expansión de China y del alto precio que alcanzaron y están manteniendo las mercancías agropecuarias y mineras. Pero la inflación, la ausencia de crédito público, la escasa inversión, el autoritarismo político y la corrupción son manifestaciones claras del retroceso económico y político que ha experimentado Argentina desde que abandonó el régimen monetario que le había devuelto la estabilidad y la había insertado en el Mundo.

El proceso de integración Europea y, en particular, su sistema monetario que comenzó con bandas de flotación estrechas alrededor de paridades fijas entre las economías europeas (la denominada serpiente europea) y concluyó en la creación, primero del EMU y finalmente del EURO, permitió un proceso de convergencia de los países menos desarrollados hacia el nivel de vida de Alemania que no se observó en ninguna otra región del mundo. No solo consiguieron baja inflación sino un ritmo apreciable de crecimiento y, sobre todo, una reducción significativa de la dispersión en la calidad de la infraestructura, los niveles de productividad y el nivel de vida de sus pueblos.

Como ocurrió en casi todos los países y regiones del mundo durante los últimos siglos, el progreso no fue libre de errores, excesos, sobresaltos y crisis. Pero sería necio argumentar que por evitar la crisis que hoy están sufriendo Grecia, España y Portugal, estas naciones deberían haberse abstenido de entrar en el EURO. Y más necio aún argumentar que hoy deberían abandonar el EURO para evitar tener que incurrir en los costos del ajuste fiscal que han anunciado sus autoridades y que constituyen la condición para el apoyo financiero que han prometido la Unión Europea y el FMI.

Argumentar que abandonando el EURO Grecia, España y Portugal podrían evitar el ajuste fiscal es una burda mentira. Si esas tres naciones convirtieran todos sus contratos designados en EUROS a sus viejas monedas nacionales, para poder dejar que las mismas se devalúen frente al EURO y de esa forma reconstruyan inmediatamente la competitividad de sus economías, les pasaría lo mismo que aconteció en Argentina en el año 2002, cuando el gobierno dispuso la pesificación de todos los depósitos en dólares y generó una devaluación extrema de la moneda nacional.

La consecuencia fue un ajuste fiscal draconiano, que provocó la reducción del orden del 30 % de todos los salarios reales y de las jubilaciones y que llevó el gasto público social, como porcentaje del ingreso nacional, a los niveles reales más bajos de la historia. En el primer semestre de 2002 se acentuó el proceso recesivo y la inflación superó el 40 % anual. La economía quedó completamente desorganizada y aislada financieramente del Mundo.

En materia económica y política el aislamiento no fue total, pero Argentina perdió relevancia frente a sus socios comerciales y políticos y prácticamente desapareció del mapa de la inversión directa de las empresas que tienen estrategias globales. Lo mismo  le pasaría a cualquier país europeo que saliera del EURO en los próximos meses como Argentina salió de la convertibilidad en 2002.

Hay sí, tres lecciones de Argentina del período 1999-2001 que Grecia, España y Portugal tienen que tener muy en cuenta:

Cuanto más temprano y rápido hagan los ajustes fiscales necesarios para disminuir el déficit fiscal, tanto mejor. Argentina se demoró mucho en hacerlo. La recesión por excesivo endeudamiento y sobrevaluación de la moneda a la que estábamos atados (el Dólar) comenzó en el segundo semestre de 1998 y se acentuó desde la devaluación del Real en febrero de 1999. Sin embargo, durante todo el año 1999 el Gobierno Nacional y la mayor parte de los gobiernos provinciales continuaron expandiendo su gasto y endeudándose con el sistema bancario argentino a corto plazo y a tasas flotantes de interés. Desde el año 2000 comenzó el ajuste fiscal nacional, pero hasta bien entrado el año 2001 ese ajuste no fue acompañado por las provincias, que siguieron endeudándose y emitiendo cuasi-monedas. Recién en el segundo semestre de 2001 las provincias se vieron obligadas a reducir sus gastos,  pero sus respectivos gobiernos, en particular el de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de hacerlo en forma explícita y dentro del sistema institucional, prefirieron adherir a la idea del abandono de la convertibilidad y la licuación de sus deudas por devaluación e inflación.

El ajuste fiscal debe incluir una reforma tributaria que reduzca a un mínimo los impuestos al trabajo. De esta forma se reduce el costo laboral en la economía formal sin que medie una devaluación de la moneda. Argentina intentó utilizar este mecanismo, pero demasiado tarde y en forma muy parcial. A partir de abril de 2001 se pusieron en marcha los planes de competitividad sectoriales, que permitieron que los impuestos al trabajo se tomaran como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, pero por tardío y limitado el esquema no llegó a producir una recuperación significativa de la competitividad externa de la economía.

El apoyo externo debe ser utilizado no para permitirle a los acreedores cobrar sus acreencias y retirarse de los países con problemas, sino para garantizar que los países cumplirán con sus obligaciones, pero en plazos más largos y pagando tasas de interés cercanas a las que paga Alemania. En Argentina utilizamos el apoyo del FMI, cuando lo conseguimos, para tratar de seguir atendiendo normalmente los servicios de la deuda, a pesar de que los mercados nos exigían tasas de interés muy elevadas. Y, cuando nos convencimos que era imprescindible reestructurar toda la deuda pública, canjeando los bonos y acreencias demasiado cortas y onerosas por deuda a más largo plazo y menores tasas de interés, el FMI nos retiró el apoyo y nos empujó al default desordenado de fines de diciembre de 2001. Sería terrible para Grecia, para España y para Portugal, que la Unión Europea y el FMI asumieran la actitud que asumió el FMI en noviembre de 2001 respecto de la Argentina.  Los países europeos que hoy enfrentan una crisis de sus deudas, para evitar que les ocurra lo que aconteció en Argentina, deben aprovechar el apoyo externo para alargar los plazos y bajar la tasa de interés de toda la deuda que vence en el período en el que estarán llevando a cabo el ajuste fiscal. De esta forma evitarán que un repentino retiro de ese apoyo pueda poner a alguna de esas economías en la situación en la que se encontró Argentina en noviembre y diciembre de 2001.

Es muy probable que tanto los Gobiernos de la Unión Europea como el propio FMI tengan hoy en claro que provocar en Grecia, en España o en Portugal, una situación como la que vivió Argentina a fines del 2001, tendría consecuencias nefastas no sólo para esos países sino para toda Europa y, muy probablemente, para la economía global.

Pero vale la pena hacer la advertencia, porque no sólo en nuestro país se escuchan voces como las de Cristina Kirchner, que recomiendan como solución la salida de los países del EURO, sino que hay una corriente de opinión política y profesional en los EEUU, que hace la misma sugerencia. Se trata de los mismos economistas y políticos que piensan que la solución de la crisis norteamericana pasa por una fuerte depreciación del Dólar, inducida por una política monetaria muy laxa en ese país, mientras sigue expandiendo su gasto público y su endeudamiento.

A diferencia de la posición de  Cristina, que es puramente ideológica y persigue seguir engañando a la opinión pública argentina, la posición de estos políticos y economistas norteamericanos responde a la pretensión de evitar que la moneda  europea  pueda llegar a jugar un papel equivalente al que ha venido jugando el Dólar en el Mundo. Sólo así se entiende que a la depreciación del EURO desde los niveles exorbitantes a los que lo había llevado la política monetaria norteamericana, mientras los Europeos seguían enfatizando la ortodoxia anti-inflacionaria alemana, se la presente como la “destrucción” del EURO.

Destruir al EURO sería precisamente forzar su reemplazo por las viejas monedas nacionales en los países que hoy enfrentan problemas. Que el EURO vuelva al valor que tuvo en su comienzo (1,17 dólares) o incluso el valor mínimo que alcanzó en 2001 (0,82 dólares) no significa que esa moneda se esté destruyendo, sino simplemente, que Europa está aplicando la misma metodología que utilizó EEUU para sacar a su economía de la crisis de las hipotecas.

A nadie le deberían caber dudas que un EURO más depreciado será el principio de la solución para Grecia, para España y para Portugal, tal como la depreciación del Dólar a partir de mediados del 2002 hubiera aportado buena parte de la solución a la crisis argentina, sin necesidad de que Argentina abandonara el régimen monetario que tantos beneficios le había aportado durante la década del 90.

 

 

                                 

Tal como ocurría en el segundo semestre de 2001 en Argentina, hay muchos economistas y financistas que sostienen que Grecia debería salirse del Euro, reimplantar el Dracma y devaluar. Argumentan que de esa forma Grecia evitará tener que hacer un ajuste fiscal recesivo. Este es un muy mal consejo que los griegos no deberían escuchar. La experiencia Argentina es sumamente instructiva: el abandono del régimen monetario impondrá sobre el pueblo griego un ajuste socialmente mucho más costoso que el que se han comprometido a hacer como condición para recibir apoyo de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.

Cuando un país tiene muchos años de excesiva expansión fiscal, es ineludible que lleve a cabo un ajuste fiscal, es decir que reduzca el nivel del gasto  público y aumente la recaudación impositiva. Si lo hace de manera transparente y sincera, como corresponde a un régimen republicano, es muy posible que los costos sociales de este ajuste sean menores y más equitativos que si los hace de manera subrepticia y desordenada. Los  devalúo-maníacos en realidad lo que pregonan es que el ajuste fiscal se le imponga a trabajadores y ahorristas a través de un golpe devaluatorio e inflacionario, que reduce salarios, jubilaciones, ahorros e ingresos en términos reales, es decir, a través de la pérdida de su poder adquisistivo. Esa propuesta lleva inexorablemente a una crisis financiera como la que vivió Argentina hacia el final de 2001 y durante los primeros meses de 2002. La consecuencia de una crisis semejante es más ajuste que el que hubiera resultado del proceso ordenado y transparente y, adicionalmente, significa una redistribución regresiva de riqueza, con pérdidas para los ahorristas y beneficios a los deudores. Además corre el riesgo de desarticular toda la base contractual de la economía.

Es muy probable que Grecia necesite reestructurar sus pasivos de manera de reducir el costo del servicio de su deuda por el período de tiempo en el que estará llevando a cabo el ajuste fiscal ordenado. Esta reestructuración debería hacerla a través de un mecanismo cmo el que se utilizó para reestructurar la deuda latinoamericana a principios de los 90s, es decir a través de una suerte de Plan Brady. Esto significaría utilizar el apoyo europeo y del FMI como garantía de cumplimiento de los servicios de los nuevos bonos, menos onerosos, que reemplazarían a los emitidos en el pasado. Pero de ninguna manera Grecia debería apelar al cambio del Euro por el Dracma seguido por devaluación como forma de licuar sus pasivos, porque este procedimiento de reestructuración dsordenada que utilizó Argentina en 2002, trae todas aquellas consecuencias negativas antes mencionadas.

Para recuperar competitividad, además del ajuste fiscal, Grecia necesitará reducir el costo laboral en relación al precio de los bienes y servicios que entran en su comercio internacional. Este es el argumento que utilizan los devalúo-maníacos para bregar por el abandono del Euro y la devaluación. Con Joaquín Cottani hemos hecho una propuesta que permite producir el mismo cambio en los precios relativos que resultaría de una devaluación, sin alterar el régimen monetario. Se trata de reducir drásticamente la incidencia de los impuestos al trabajo sobre el costo laboral. Hace algunos días publicamos en VoxEU, en inglés, un artículo dando más detalles sobre esta propuesta y extendiéndola a los casos de Portugal y España. Fernando Díaz se ha tomado el trabajo de traducir ese artículo que acabo de subir a las página de artículos en español de este sitio. Se titula «Haciendo que la Consolidación Fiscal Funcione…«

Durante el mes de enero escribimos con mi amigo Rodrigo Botero una propuesta sobre como redirecccionar los incentivos fiscales de tal manera de aumentar el empleo formal en la economía colombiana. Tal como me lo había anticipado Rodrigo, el tema ha despertado interés en el contexto de la campaña electoral del país hermano. Pienso que a los visitantes de mi blog les va a interesar el reportaje que el Diario El Tiempo, de Bogotá, le hizo a Rodrigo Botero y publicó en primera página.

Alertado por varios visitantes de este blog, he estado navegando por  sitios que tratan de descubrir las causas de la inflación que hoy azota a la economía Argentina. Los argumentos de los participantes en esta discusión, casi todos ellos profesores jóvenes de economía y estudiantes avanzados, me hicieron recordar las discusiones sobre estos mismos temas que se llevaban a cabo durante las más de cuatro décadas de experiencia inflacionaria, anterior a la década del 90. En aquella época, como está volviendo a ocurrir ahora, quienes trataban de explicar la inflación pasaban por alto una premisa fundamental: la inflación es un fenómeno monetario y tiene que ver con los defectos de las instituciones monetarias de la economía.

Una economía, para gozar de un nivel promedio de los precios aproximadamente estable, es decir, para no sufrir un fenómeno de inflación persistente y difícil de predecir, tiene que tener una moneda en cuyo valor la gente pueda confiar y cuya administración (lo que normalmente se denomina política monetaria) apunte precisamente a mantener estable el nivel promedio de lo precios. Esto es lo que Argentina no tuvo entre 1945 y 1990 y ha dejado nuevamente de tener desde 2002 en adelante.

Entre 1991 y 2001 la economía argentina  tuvo un régimen monetario que permitió que la economía desplegara estabilidad del nivel promedio de los precios porque el Peso Convertible tuvo un valor fijo en relación al Dólar, una moneda que en esos años fue símbolo de estabilidad de precios a nivel global. La economía argentina podría haber continuado siendo una economía de nivel promedio de precios estable, aún abandonando la paridad con el Dólar. Pero para ello, el Peso Convertible debería haber flotado frente al Dólar con el Banco Central administrando una política monetaria que apuntara a una meta de inflación baja, como lo hicieron la mayor parte de los países latinoamericanos que durante la década del 90 llevaron a cabo reformas semejantes a las de nuestro país y, en su momento, también fijaron su moneda al Dólar como forma de salir de la hiperinflación. Lamentablemente, el abandono de la paridad Peso-Dólar, en Argentina significó también la destrucción de las instituciones monetarias necesarias para mantener la estabilidad.

Desde 2002 en adelante, nuestra economía está azotada nuevamente por la inflación porque nuestra moneda, el Peso, ahora no convertible, es administrada de tal forma de influir no sobre el nivel promedio de los precios, sino sobre la estructura de precios relativos de la economía, algo que en una economía bien organizada surge del funcionamiento de mercados libres, con un Estado que interviene a través de su política fiscal y aplica regulaciones para remover el efecto distorsivo de las fallas del mercado. Lamentablemente, desde 2002 en adelante, la política monetaria (sea utilizando como variable controlada el tipo de cambio nominal, la cantidad de dinero o las tasas nominales de interés) fue utilizada para afectar los precios relativos de la economía en la dirección deseada por el Gobierno, aún cuando los niveles deseados de precios relativos estuvieran muy alejados de los de equilibrio. De esta forma la política monetaria creó inicialmente desequilibrios de precios relativos que determinaron que en la economía apareciera simultáneamente, inflación abierta, en la medida que para afectar los precios relativos se empujó hacia arriba a algunos precios (por ejemplo, el de los bienes transables internacionalmente, en 2002) e inflación reprimida (en la medida que se utilizaron otros instrumentos, como las regulaciones, para evitar o, al menos demorar, el ajuste de los precios que quedaron artificialmente atrasados).

La inflación reprimida se transforma necesariamente en más inflación abierta si es que luego del impulso inicial al aumento de algunos precios, la política monetaria se transforma en “acomodaticia”, es decir, simplemente acompaña la evolución del ingreso nominal de la economía, para evitar que actúen en la economía las fuerzas recesivas que permitirían la eliminación de la inflación reprimida a través del ajuste simultáneo, hacia arriba, de aquellos precios que quedaron rezagados y, hacia abajo, el de los bienes que subieron demasiado. Al ser la política monetaria, simplemente “acomodaticia”, el curso de la inflación estará determinado no por la política monetaria sino por la fuerza de los distintos participantes de la puja distributiva y por la capacidad fiscal del gobierno de financiar subsidios que compensen las distorsiones en los precios relativos. En términos más formales y teóricos, en una economía organizada de esta forma, el nivel promedio de los precios y la tasa de inflación, estarán indeterminados y pueden resultar cualquier número. La inflación será más alta cuanto más débil sea el Gobierno para controlar la puja distributiva y cuanto más delicada sea su situación fiscal y más difícil su acceso al crédito.

En estas circunstancias existe una sola forma de volver a librar a la economía de inflación: reorganizarla de tal forma que vuelva a tener instituciones monetarias que provean una moneda de valor estable y enderecen la política monetaria a alcanzar una meta de inflación baja. Esto significa que si el gobierno quiere influir sobre la estructura de precios relativos, tendrá que utilizar otros instrumentos, particularmente la política fiscal y las regulaciones correctoras de distorsiones. Es decir, volver a tener instituciones monetarias como las que tuvimos en la década del 90 o como las que tienen Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, México, y la mayor parte de las economías estables del mundo.