Autor: Domingo Cavallo

Durante las últimas cinco semanas he participado en muchas reuniones y conferencias sobre la crisis que está viviendo el mundo y sobre el futuro de la economía global. He escuchado las más diversas opiniones, diagnósticos muy diferentes y pronósticos que van  de la gran depresión a un renovado y sostenido crecimiento. Voy a resumir para los visitantes de mi blog mi propia visión de lo que debemos esperar del futuro.

El dinamismo de la economía global ya no vendrá del crecimiento de los países actualmente avanzados. Ellos se debatirán por mucho tiempo en un clima de estancamiento como el que ha vivido Japón desde 1990. Esto no significa que habrá calamidades sociales en esos países, como no las hubo en Japón desde la explosión de su burbuja inmobiliaria alrededor de 1990.

Todos ellos han alcanzado un alto nivel de vida para su población y mientras crecieron se constituyeron en fuertes centros de atracción para los migrantes del mundo en desarrollo. Lo que probablemente ocurrirá es que esos flujos migratorios se atenuarán y, en algunos casos, se revertirán. El envejecimiento de las poblaciones de esos países y los déficits de sus sistemas de seguridad social obligarán a aumentar los impuestos sobre la población activa.

Sólo aparecerán oportunidades de empleo bien remuneradas en aquellos sectores de sus economías que sean capaces de contribuir al progreso tecnológico: sin duda sus universidades, centros de investigación y departamentos de investigación y desarrollo de sus empresas más dinámicas.

En las actividades tradicionales de producción y bienes y servicios, las remuneraciones de quienes sigan ocupados se estancarán o incluso podrán declinar en términos reales, porque enfrentarán una competencia cada vez mayor de la producción de los países en proceso de desarrollo, porque el proceso de globalización y la competencia que el mismo trae aparejado, no se detendrá.

Es muy probable, que luego de algunos años de uso y abuso de políticas keynesianas de estímulo a la demanda que serán aplicadas para tratar de promover el crecimiento, si no se producen descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas que brinden un gran impulso al aumento de la productividad global e inviten a un renacimiento de la inversión productiva en los países maduros, la inflación termine siendo el mecanismo de recaudación de los impuestos que no logren votar los respectivos parlamentos y, también, el mecanismo con el que se trate de resolver el problema del endeudamiento de gobiernos, familias y empresas.

El panorama pinta muy diferente en los países de Asia, particularmente en China e India, pero también varios países de América Latina y de África.

Estos países han descubierto los beneficios que pueden lograrse de la apertura de sus respectivas economías al comercio, a la inversión y a la tecnología disponible. En la medida que logran financiar altas tasas de inversión eficiente para modernizar sus procesos productivos y orientarlos al mercado en lugar de mantener a su población empleada sólo en actividades de subsistencia, estos países consiguen tasas de crecimiento sostenidas superiores al 6 % anual y, que en muchos casos, llegan a superar el 10 % anual. Y lo hacen sin que exista inflación, salvo aquella que refleja el aumento de los precios de servicios que no compiten con producción externa pero que tienen que extender mejoras en la retribución a los factores productivos que emplean, en línea con la que consiguen los trabajadores en la sectores que producen bienes y servicios competitivos en el mercado global.

El crecimiento de estas economías emergentes no será abortado por el eventual estancamiento de las economías maduras, porque se está extendiendo una red de comercio e inversiones que vincula crecientemente entre sí a las economías emergentes, y la tecnología susceptible de ser implementada más extensamente, si bien se originó en las economías maduras, está cada vez más disponible a costos decrecientes.

Sin lugar a dudas, si las economías maduras llegaran a aportar en los próximos años innovaciones tecnológicas de impacto extendido como lo fueron los avances en la tecnología de la información en las tres últimas décadas, esto daría un impulso adicional a las economías en proceso de desarrollo. Pero su crecimiento está asegurado con sólo avanzar en la implementación de las tecnologías disponibles al ritmo al que lo han venido haciendo China e India en la última década, porque aún quedan billones de personas viviendo en condiciones de subsistencia que pueden beneficiarse de acceso a esas tecnologías.

En América Latina, Chile, Brasil, Perú, México, Colombia y varios de los países más pequeños de América Central y América del Sur, se han embarcado ya en la misma tendencia que las economías de Asia.

Ojala el viaje China de la Presidente Cristina Kirchner, varios de sus ministros y la delegación empresaria que los acompañan, sirva para que nuestro gobierno advierta que Argentina se ha equivocado al automarginarse de este proceso de crecimiento con políticas de encerramiento económico que sólo han llevado a que, a diferencia de la mayoría de los países en desarrollo, los chinos nos miren con desconfianza. El aislamiento de por sí es malo, pero es mucho peor cuando incluye políticas discriminatorias contra el comercio y la inversión con los países que aportarán dinamismo a la economía mundial.

 

A nadie le deberían quedar dudas de que el Gobierno de los Kirchner ha venido mintiendo a los jubilados. Viene diciendo que se preocupa por ellos porque desde que tiene el poder ha decretado 17 aumentos de la jubilación mínima y, desde 2009 ha reinstalado un régimen automático de movilidad. Pero omite decir que aún con todos estos aumentos y esta tardía movilidad, la mayor parte de las jubilaciones tienen hoy un poder adquisitivo mucho menor que el que tuvieron durante la década del 90. Esto es el resultado natural de la inflación cuando la movilidad es parcial y tardía.

La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario como el que hemos vivido desde el abandono de la convertibilidad, la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

La Corte Suprema de Justicia, que en la década de lo 90s había reconocido que cuando hay estabilidad no es necesaria la indexación, fue realista y demostró sabiduría y afán de justicia cuando dispuso en el  fallo “Badaro” que los jubilados que en 2001 recibían jubilaciones superiores a la mínima, tienen derecho a un aumento del 88 % por la falta de movilidad ente enero de 2002 y diciembre de 2006. Lamentablemente el Gobierno no está  respetando ese fallo. No ha reparado la injusticia hacia el futuro y, mucho menos, se ha hecho cargo de la deuda acumulada con esos jubilados por haberles pagado mucho menos de lo que les correspondía.

Si el Gobierno de los Kirchner fuera respetuoso de la ley y de la justicia, y si realmente quisiera respetar el derecho de los jubilados, debería haber ajustado, hacia delante, todas las jubilaciones alcanzadas por aquel fallo y, al mismo tiempo, debería haber pagado, o, al menos, documentado, la deuda acumulada con ellos a partir de que la inflación volvió a transformarse en un problema crónico. Esto es lo que hicimos en setiembre de 1992, cuando, además de ajustar hacia adelante todas las jubilaciones que tenían derecho al reajuste de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, entregamos a un millón cuatrocientos mil jubilados bocones previsionales por un valor total de18 mil millones de dólares. De esa forma dejaron de acumularse cientos de miles de sentencias y otros tantos juicios en curso ante los tribunales por legítimos reclamos de los jubilados.

Hoy, en materia de reclamos judiciales, se está viviendo la misma situación que se vivió durante los últimos años del Gobierno de Alfonsín y los primeros del Gobierno de Menem: los jubilados recurren a la justicia, con legítimas demandas y, cuando logran sentencias a su favor, sus reclamos se apilan en la ANSSES para ser atendidos cuando al gobierno decida abonarlos. Que esto ocurra ahora, cuando el Gobierno se desvive diciendo que tiene holgura fiscal, es mucho más grave e injusto que haya ocurrido en aquellos años en los que el País cayó en la hiper-inflación por décadas de desmanejos fiscales.

El Congreso Nacional, que hace bien de ocuparse de los Jubilados, debería ser prudente en sus decisiones. Está muy bien que decida obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallo “Badaro”, como además lo ha reclamado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. También seria razonable que obligue al Gobierno a reconocer la deuda acumulada con los jubilados por la omisión del ajuste entre 2002 y 2006, e incluso, tiene razón cuando plantea que en el ambiente inflacionario que estamos sufriendo el mejor índice para la movilidad es el salario promedio del personal en actividad. Pero no debería reclamar más que estas dos legítimas reivindicaciones.

Pretender que la jubilación mínima se ajuste para alcanzar el 82 % del salario mínimo con el argumento que ese ajuste podría pagarse con los recursos acumulados por los aportes de quienes habían elegido el sistema de capitalización antes de la apropiación por el Gobierno de esos fondos, sería convalidar un saqueo a los jubilados del futuro, es decir, a los actuales trabajadores activos, tal como ocurrió con la decisión, también demagógica del Gobierno de los Kirchner, de incorporar dos millones ochocientos mil nuevos beneficiarios al sistema jubilatorio que no habían hecho aportes durante su vida activa. Estos actos demagógicos sólo terminarán perjudicando a los jubilados presentes y del futuro a los que, cuando los beneficios devengados excedan largamente los recursos del sistema previsional, se les va a pagar con moneda desvalorizada y sufrirán brutalmente, como lo  hicieron entre 2002 y 2006, la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones.

La oposición, en particular la que aspire a gobernar desde diciembre de 2011, debe evitar que promesas imposibles de cumplir, entendible políticamente ante tanta demagogia y mentiras del Gobierno, se transforme en el factor agravante de la peligrosa crisis inflacionaria que ya se avizora en el horizonte y que podría llegar a explotar justo al comienzo del próximo gobierno.

Después de una década en la que Argentina reconstruyó lazos de amistad con casi todas las naciones del Mundo, inclusive con aquellas con las que había tenido conflictos más graves y, gracias a ello, consiguió ingresar al grupo de las 20 naciones que se reunirán dentro de pocos días para discutir las reglas del juego internacional del futuro, estamos terminando una década en la que política exterior nos ha llevado a quedar auto-marginados del Mundo. Sólo falta que nos expulsen del Grupo de los 20, cosa que puede llegar a ocurrir si nuestra Presidente sigue haciendo el tipo de discursos que ha hecho hasta ahora y la política exterior de Argentina contradice todos los compromisos asumidos en ese ámbito.

El primer acto de auto-marginación fue el aberrante manejo de la relación con los acreedores externos de la Argentina desde que se declaró el default de la deuda. En lugar de mostrarse compungidos por no poder cumplir con sus obligaciones, nuestros gobernantes trataron a los acreedores como usureros mal-intencionados, cuando ellos, particularmente muchos jubilados italianos, alemanes, españoles, franceses, japoneses y norteamericanos, habían comprado bonos de la Argentina cuando éstos pagaban rendimientos inferiores a los de México y Brasil. Hoy esos dos países han conseguido el grado de inversión para su deuda y tienen tasas de riesgo país muy bajas, mientras el nuestro no accede a crédito externo alguno y, los bonos en circulación, reflejan una tasa de riesgo cinco veces más alta que la de esas dos naciones.

El segundo acto de auto-marginación fue la tendencia a imponer restricciones a nuestras exportaciones de gas natural, trigo y carnes que nos llevó a incumplir con contratos y a desabastecer mercados tan tradicionales e importantes como los de Chile, Brasil y Europa. Lo que había sido una política de aliento generalizado a las exportaciones durante la década de los 90s, que había recreado la imagen de una nación capaz de cumplir con sus compromisos comerciales, fue reemplazada por una secuela de decisiones que, en aras de abastecer al mercado interno a precios ruinosos para los productores y satisfacción apenas temporaria de los consumidores, restringieron las ventas al exterior, aún de bienes que el país se había comprometido a proveer en contratos de largo plazo.

El tercer acto de auto-marginación fue la rehabilitación de la anacrónica política de sustitución de importaciones, forzada por restricciones cuantitativas, altos aranceles específicos y uso y abuso de las denuncias de dumping y de subsidios. Este tipo de política comercial externa afectó nuestra relación con Brasil, prácticamente puso en crisis al Mercosur y, más recientemente, ha dado lugar a fuertes reclamos y reproches de países como China, probablemente nuestro mercado más importante del futuro y Grecia, una nación amiga que está atravesando una situación económica extremadamente crítica.

La  descabellada forma de pretender evitar la contaminación del Río Uruguay que se llevó a cabo alentando a la gente de Gualegüaychú a que persistiera con el bloqueo del Puente al Uruguay por más de cinco años, es una manifestación escandalosa de inamistad hacia una nación hermana a la que nos unen los mayores lazos imaginables de la historia y la geografía.

Todos estos actos de barbarie económica y diplomática han sido coronados con discursos agresivos, prepotentes, llenos de falsedades obvias y con descortesías dignas del más vulgar comensal de un comedor de los arrabales.

Una de las tareas más urgentes que tendrá que hacer un futuro gobierno es reparar todos los daños emergentes de esta pésima política exterior. Si no se comienza por este ángulo, Argentina va a tener que enfrentar la crisis en la que terminará el Gobierno de los Kirchner, en el peor de los escenarios imaginables, dado que nadie en el Mundo estará dispuesto a darnos una mano cuando más la vamos a necesitar. La auto-marginación internacional a que nos ha conducido el gobierno de los Kirchner sólo tiene parangón, como herencia muy pesada hacia el futuro, con la crisis inflacionaria y fiscal a la que está conduciendo la política económica.

                                                               Por Domingo Cavallo, para La Nación

El Gobierno muestra orgulloso los índices que reflejan la recuperación del nivel de actividad económica y el aumento de la recaudación impositiva; y sigue escondiendo los índices de la inflación verdadera. Los analistas económicos, incluso los más críticos, sostienen que hemos pasado de la “estanflación” a la “reactinflación”. Es, con esta interpretación, que muchos empresarios aseguran que la inflación es soportable porque evita que sigamos en recesión. Y los sindicalistas encuentran que la inflación revaloriza su rol dirigencial, porque pueden negociar, más frecuentemente, fuertes aumentos de salarios nominales.

Aparentemente, la dirigencia argentina, a diferencia de la de la mayoría de los países del mundo, incluidos nuestros vecinos latinoamericanos, tiene una actitud complaciente frente a la inflación. Lo único parecido a la actitud de nuestra dirigencia  es la del Gobierno de Venezuela: la inflación no es problema para el “Socialismo del Siglo XXI”.

Craso error! Cuando la inflación se reinstala en una economía, como lo ha hecho en Venezuela y lo está haciendo en la Argentina, las perspectivas de mediano y largo plazo no son nada halagüeñas. Siempre terminan en un período largo de estanflación, si es que no desembocan pronto en una crisis hiper-inflacionaria.

En Argentina iniciamos un período de estanflación en el último trimestre de 2008 y es muy difícil estimar por cuanto tiempo estaremos viviendo con esta realidad. La estanflación se caracteriza porque convive el estancamiento económico- como tendencia de largo plazo- con inflación persistente. El estancamiento no significa que la economía esté permanentemente en recesión, como estuvo en 2009. Puede haber períodos de recuperación del nivel de actividad económica, como está ocurriendo en lo que va de 2010. Pero la economía sigue estancada porque no hay inversión eficiente, esa inversión que hace crecer a la capacidad productiva. A  causa de los cuellos de botella que va encontrando el proceso de producción, cualquier recuperación requiere niveles más altos de inflación y, cuando a ésta se la trata de detener, sea retrasando el tipo de cambio o restringiendo la expansión monetaria, esas mismas medidas terminan provocando una nueva recesión… y así sucesivamente.

En nuestro país la estanflación se extendió desde 1975 hasta 1988. Este período desembocó en la crisis hiper-inflacionaria de 1989-1990. Entre 1975 y 1988 la economía argentina estuvo virtualmente estancada, con períodos de recesión (1975-1976, 1981-1984, 1987-1988) y períodos de recuperación (1977-1980, 1985-1986) pero cada recuperación acumuló desequilibrios que llevaron a la posterior recesión y, en todos los casos, la inflación se mantuvo elevada, subiendo un escalón después de cada crisis.

Es una pena que con tanta experiencia no aprendamos de nuestra propia historia. Quienes se ilusionan con la recuperación del nivel de actividad económica que se observa en lo que va de 2010 deberían advertir que la elevada inflación que el gobierno está promoviendo para financiar este proceso reactivador, sembrará la semilla de la próxima recesión. Ésta será consecuencia de la crisis cambiaria, fiscal y monetaria que algún gobierno, el actual o el que lo suceda, va a tener que enfrentar con fuertes medidas restrictivas, so pena de abrir nuevamente las puertas a una crisis hiper-inflacionaria. Es muy difícil predecir cuanto tiempo tomará. Pero es seguro que habrá un momento de decisión. Y no será una decisión fácil. La inflación es la enfermedad económica más difícil de erradicar.

Para visualizar el futuro que nos espera, en la medida en que el Gobierno mantenga el manejo económico que viene haciendo desde 2003, basta observar lo que está ocurriendo en Venezuela. La inflación supera el 30 % anual, existen múltiples tipos de cambios como resultado de restricciones cambiarias draconianas, el país está virtualmente marginado de las corrientes globales de comercio e inversión y su gobierno introduce un nuevo control o lleva a cabo una nueva nacionalización cada semana, por no decir, cada día.

Por supuesto, este tipo de intervencionismo económico no sólo es incompatible con un sistema democrático de gobierno sino que crea innumerables oportunidades para la corrupción y las injusticias de todo tipo. Los grandes perjudicados no son ni los empresarios ni los banqueros. Ellos tienen muchas  oportunidades de sacar sus capitales de los países que manejan de esta forma sus economías. Los grandes perjudicados son los trabajadores y la gente más humilde, que ven deteriorar, primero, sus ingresos familiares y, a la larga, su futuro y el futuro de sus hijos. Por algún tiempo este tipo de gobierno confunde a los sectores populares con dádivas y subsidios, pero cuando los recursos tributarios se agotan y la inflación se vuelve insoportable, sólo quedan para ellos la angustia y la desesperanza.

 

Acabo de estar varios días en Madrid, antes y después de mis visitas a Marruecos y Pamplona, ciudades en las que tuve oportunidad de discutir con colegas y con expertos los problemas económicos y financieros por los que atraviesa Europa. Las conversaciones que mantuve en Madrid me permitieron captar con más precisión la situación que se vive en España.

España está hoy como Argentina estaba a principios de 2000. Hasta 2008, España vivió varios años de un progreso entusiasmante que todos atribuían a la incorporación del Reino a la Unión Europea, primero y la entrada a la zona del Euro, después.

Sin embargo, en 2008 comenzó una recesión que ha producido un fuerte aumento del desempleo y, simultáneamente, un agravamiento de la situación fiscal. Esto lleva a una creciente preocupación de los tenedores de bonos españoles por la capacidad de España de servir su deuda que se refleja en la tasa de riesgo país. Después de dos años de recesión el déficit en cuenta corriente, que ha bajado, asciende aún al 8 % del PBI. Tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos reclamarán un fuerte ajuste fiscal y mayor flexibilidad laboral, acciones que son sumamente difíciles de decidir e implementar para cualquier gobierno, sea cual fuere su signo ideológico. Si bien desde el exterior, en particular desde los Estados Unidos, se argumenta que España no enfrentaría estas dificultades si hubiera mantenido su moneda nacional porque tendría disponible el recurso de la devaluación monetaria, en España casi nadie habla de la posibilidad de abandonar la zona del Euro y volver a la Peseta como forma de resolver los problemas.

Argentina también había vivido, hasta 1998, varios años de progreso y optimismo, que todos atribuían al plan de convertibilidad y a las reformas económicas que lo acompañaron. La mejor demostración del entusiasmo que este progreso en estabilidad había generado fueron los resultados electorales obtenidos por el justicialismo desde 1991 en adelante y, hacia el año 2000, a pesar de que se había producido un cambio de gobierno y de signo político a fines de 1999, era sintomático que el nuevo presidente hubiera ganado haciendo campaña con el slogan “Conmigo, un Peso un Dólar”.

La recesión que había comenzado a mediados de 1998 había  provocado también aumento del desempleo y un agravamiento de la situación fiscal. Los acreedores de la Argentina evidenciaban un creciente nerviosismo que se reflejaba, a principios de 2000, en el aumento, todavía tenue, de la tasa de riesgo país. El gobierno enfrentaba el desafío de tener que encarar un ajuste fiscal e introducir flexibilidad laboral, dos conjuntos de acciones indispensables para que la deuda se hiciera sostenible y la economía recuperara competitividad. Desde el exterior comenzaban a escucharse opiniones en el sentido de que Argentina debería permitir la devaluación del Peso. Pero, en Argentina, prácticamente nadie veía como solución el abandono del régimen de convertibilidad, sobre todo porque casi el noventa por ciento de las transacciones financieras y los contratos de mediano y largo plazo estaban pactados directamente en dólares.

Lo que ocurrió en Argentina entre 2000 y 2002 es una experiencia que los españoles deberían examinar con especial atención, porque les servirá de alerta sobre las dificultades, los peligros y los costos económicos y sociales en los que España puede incurrir si no trabaja eficazmente para defender la integridad del Euro y para asegurar que nunca abandonará ese régimen monetario.

Las dificultades 

Las dificultades que conllevan el ajuste fiscal y la introducción de flexibilidad laboral ya se están observando en España, con las mismas características que se vivieron en Argentina durante el año 2000 y 2001. A pesar de que el Gobierno Central logra aprobar las leyes de ajuste fiscal, las comunidades autonómicas (el equivalente de las provincias argentinas) se resisten a acompañar ese esfuerzo. Lo mismo ocurre con los municipios. Y, como en Argentina del 2000, los excesos fiscales y el endeudamiento más gravoso se dan precisamente en varios de estos niveles sub-nacionales de gobierno.

En cuanto a la flexibilidad laboral, una propuesta bastante tímida, como la de Argentina en el año 2000, ya ha generado una ruidosa oposición sindical y se está transformando en la principal causa de pérdida de popularidad y apoyo del gobierno socialista. Es probable que aún cuando el gobierno logre aprobar e implementar esta reforma laboral, al día siguiente los mercados manifiesten su escepticismo y demanden más acciones tendientes a demostrar que la economía española será capaz de recuperar competitividad sin salirse del Euro.

Los peligros 

Hay un peligro que sufrió mucho Argentina en 2000 y 2001, que  probablemente no será tan gravoso para España en los dos próximos años: la fortaleza exagerada de la moneda externa que reemplazó a la moneda nacional. Mientras el Dólar, que era la moneda relevante para la Argentina en aquella época, se mantuvo exageradamente fuerte durante todo 2000 y 2001, hasta mediados de 2002: el Euro, que es hoy la  moneda relevante para España, ya se ha debilitado bastante desde niveles cercanos a 1,60 dólares por Euro algunos meses atrás a 1,23  en estos días. Este debilitamiento es parte de la solución para el problema de pérdida de competitividad de España, al menos en relación a los países de fuera de la zona del Euro. En Argentina, el  Dólar recién comenzó a debilitarse luego de que en Enero de 2002 el país había abandonado al Dólar como moneda, lo que impidió que aquel debilitamiento fuera la solución ordenada y no traumática del problema de pérdida de competitividad que sufría Argentina.

El peligro más relevante para España, que también enfrentó Argentina desde principios de 1999, es el del contagio por devaluación eventual de las monedas griega y portuguesa, si es que estos dos países no llegaran a soportar las apuestas en contra a que las están sometiendo quienes especulan con el default de sus deudas. En el caso de Argentina, la devaluación del Real, a principios de 1999, llevó a muchos de los tenedores de duda argentina, que antes habían especulado en contra del Real, a comenzar a especular en contra del Peso, apostando a que Argentina se vería obligada a devaluar su  moneda y defaultear su deuda. En el caso de España una eventual devaluación de las monedas griega y portuguesa, algo que ocurriría sólo si esas dos naciones abandonaran la zona del Euro, no sufriría contagio por estrecha relación comercial (algo que fue la causa principal del contagio de Brasil a la Argentina) sino por los paralelismos que quienes especulan contra la deuda de los países harán entre la situación de estas tres economías.

 Costos económicos y sociales

Los costos económicos y sociales que podría llegar a pagar España son enormes si, como ocurrió en Argentina entre fines de 2001 y principios de 2002, una crisis financiera, la falta de apoyo político interno y la especulación externa terminan forzando el reemplazo del Euro por la Peseta y España ve destruida toda su base contractual y rotos sus lazos con Europa y con el resto del Mundo. Hoy este riesgo nadie lo ve en España.  Pero los españoles no deben descartarlo, porque era un riesgo que tampoco se percibía en Argentina en el año 2000.

Una observación cuidadosa de la experiencia Argentina de aquellos años debería llevar a la dirigencia española, especialmente a la de los dos partidos nacionales, el Socialismo y el Partido Popular, a advertir que deberán aunar esfuerzos para asegurar que los partidos nacionalistas de las comunidades autonómicas y los sindicatos no boicoteen el imprescindible ajuste fiscal y la necesaria reforma laboral. También tendrán que  influir sobre el resto de Europa para que las crisis griega y portuguesa no terminen en procesos desordenados de default y devaluación de sus monedas. Y, adicionalmente, tendrán que encontrar formas creativas de facilitar la recuperación de la competitividad de la economía española no sólo con respecto a las economías que están fuera de la zona del Euro sino también con respecto a Alemania y a las demás economías que tienen al Euro como moneda. Y esto lo tendrán que lograr sin que la devaluación de su moneda se mantenga en la caja de herramientas con la que se intentará reparar la crítica situación económica por la que España está atravesando. En este sentido, la propuesta que hemos hecho con Joaquín Cottani puede ayudarlos.