Autor: Domingo Cavallo

Hoy cumplo 64 años y ya me falta sólo un año para jubilarme. En realidad yo podría haberme jubilado como Presidente del Banco Central cuando tenía 40 años, si me hubiera acogido al régimen de jubilaciones de privilegio que regía en esa época. Pero no lo hice porque me pareció injusto. Durante toda mi vida pública trabajé con la consigna de tratar de conseguir un sistema jubilatorio equitativo y financieramente viable. Hoy, cuando yo mismo estoy cerca de jubilarme, sigo advirtiendo que la confusión y la mentira siguen siendo los ingredientes que tornan cada vez más inalcanzable ese objetivo. Por eso decidí subir al blog este post, que había escrito hace algunas semanas, pero que consideraba demasiado retrospectivo como para ser publicado. Lo hago como un auto-regalo de cumpleaños, aún cuando pueda resultarle algo tedioso a los lectores.

 Durante los 90s cumplimos con las leyes previsionales. Hoy no ocurre lo mismo.

Pese a la profusa propaganda que han hecho los Kirchner para desacreditar a la política previsional de los 90s, los jubilados fueron mejor tratados durante aquellos años que lo que están siendo tratados hoy.

Hay dos razones que explican porqué los jubilados fueron más beneficiados entonces que en los últimos años: 1) Desde la puesta en marcha de la convertibilidad, en abril de 1991, la inflación desapareció mientras que desde 2002 en adelante, la inflación volvió a transformarse en una enfermedad crónica de nuestra economía. La inflación perjudica a los jubilados porque deteriora el poder adquisitivo de sus haberes: 2) la política previsional de los 90s se basó en el respeto de las leyes en vigencia o en su modificación previa discusión en el Congreso Nacional y posterior convalidación por fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En los últimos años no se cumplieron las leyes en vigencia ni se respetaron las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.

El Gobierno de los Kirchner utiliza como caballito de batalla publicitario el otorgamiento de 17 aumentos de la jubilación mínima, la reintroducción de la movilidad previsional desde 2009 en adelante y la incorporación de 2 millones 800 mil jubilados que no habían podido jubilarse por falta de aportes. Pero ésta es una propaganda mentirosa. Los beneficios que ha otorgado esos nuevos jubilados se han financiado con lo que se les dejó de pagar a los que cobraban por arriba de la jubilación mínima y, los reajustes que se otorgaron, incluso los que se dieron a la jubilación mínima, apenas alcanzan a compensar el deterioro que produjo la inflación en el poder adquisitivo de los beneficios.

La política previsional durante la convertibilidad

Vale la pena reconstruir cómo se desarrolló la política previsional en el período en que la Argentina gozó de estabilidad para compararla con lo que ocurrió en los últimos años. Se trata de una comparación imprescindible para encarar con éxito una política superadora de ambas experiencias, como la que pretende definir la oposición en el Congreso Nacional.

En abril de 1991, apenas puesta en marcha la convertibilidad e iniciada la conquista de la estabilidad de precios, la jubilación mínima era de 120 pesos convertibles y la jubilación media era de apenas 150 pesos. Dos millones de jubilados cobraban la mínima. Los jubilados habían estado recibiendo mucho menos de lo que las leyes vigentes mandaban pagarles y las sentencias reparatorias, dictadas por la Justicia desde fines de los ochenta, no se habían ejecutado, porque en los últimos tramos del Gobierno del Dr. Alfonsín se había decretado la suspensión de las ejecuciones. Esto daba lugar a una deuda con los jubilados, no reconocida pero sin duda reclamable judicialmente, del orden de los 18 mil millones de pesos (o de dólares).

Eliminada la inflación como problema, en septiembre de 1992 se decidió cumplir integralmente con las leyes en vigencia. Se recalcularon todas las jubilaciones para establecerlas, en el caso del personal en relación de dependencia del sector privado, al nivel del 82 % del promedio de los tres mejores años de los 10 últimos de la vida activa del trabajador (debidamente actualizados hasta febrero de 2001). En el caso de los jubilados como autónomos, se establecieron niveles acordes con las categorías en las que los beneficiarios habían aportado durante su vida activa y, en el caso de los jubilados de las empresas del Estado (que tenían regímenes especiales), se ajustaron las jubilaciones al 82 % del nivel salarial del personal en actividad, en la categoría con la que se había jubilado el beneficiario.

La Jubilación mínima aumentó poco: pasó a ser de 150 pesos, pero sólo quedaron cobrando la mínima unos 700 mil jubilados autónomos que habían estado aportando también en la categoría más baja. Todos los demás jubilados fueron re-categorizados y comenzaron a cobrar según el beneficio que le había otorgado la ley vigente al momento de jubilarse. Es así que la jubilación promedio pasó a ser ligeramente superior a 200 pesos mensuales.

Esto significó que, como porcentaje del Producto bruto Interno, los pagos anuales por jubilaciones y pensiones pasaran de representar menos del 4 %  a alrededor del 6 %. Se trató de un muy importante aumento de las erogaciones fiscales.

Simultáneamente con este reajuste hacia delante de todas las jubilaciones se consolidó la deuda que habían determinado los fallos judiciales hasta ese momento y también la deuda  sobre la que aún no había sentencia, pero que, indudablemente, existía. La deuda consolidada en 18 mil millones de pesos (dólares) se pagó integralmente con los denominados bocones previsionales, que desde el vamos cotizaron a la par, es decir, que los jubilados pudieron convertir en dinero sin quita.

En el segundo semestre de 1994 se registró un fuerte aumento en las erogaciones previsionales, porque los beneficiarios de las ex empresas del Estado recibieron fuertes aumentos (en algunos casos superiores al 300 %), dado que, luego de las privatizaciones, los niveles ejecutivos medios y superiores de esas empresas comenzaron a cobrar salarios mucho más elevados que los que habían pagado las ex empresas del Estado. Como este aumento de las jubilaciones más altas, en un contexto en el que la inflación había desaparecido, creaba un problema fiscal muy serio y, por primera vez desde el lanzamiento de la convertibilidad, se estaba produciendo un déficit fiscal, el Gobierno decidió plantear el tema en el Congreso Nacional, lo que dio lugar a la sanción de la denominada “Ley de Solidaridad Previsional”.

Esta ley, sancionada en abril de 1995, en plena crisis “Tequila”, dispuso que la jubilación máxima, hacia el futuro fuera de 3.500 pesos (dólares). Pero esta jubilación máxima no era aplicable a las jubilaciones vigentes en ese momento. Las jubilaciones superiores a 3.500 fueron rebajadas conforme a una escala progresiva que en ningún caso superó el porcentaje de gravamen considerado confiscatorio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con estos ajustes, decididos con aprobación del Congreso Nacional y luego convalidados por sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presupuesto de las erogaciones previsionales logró mantenerse entre 1995 y 2001 en el 6 % del Producto Bruto Interno.

La Jubilación mínima se mantuvo en los 150 pesos mensuales, pero a los jubilados sin vivienda propia que recibieran una sola jubilación en su núcleo familiar, se les otorgó un subsidio por pobreza de 70 pesos mensuales, con lo que, en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones mínimas fueron a partir de entonces de 220 pesos.

La “Ley de Solidaridad Previsional” fue muy criticada porque mantuvo la desindexación de los beneficios jubilatorias y dispuso que la movilidad constitucional se aplicara conforme aumentaran los recursos por jubilado del Sistema Previsional. Pero la realidad, es que, sin inflación, ésta era la única movilidad que se justificaba y que podía otorgarse sin incurrir en desequilibrios fiscales.

La única modificación adicional que se introdujo mientras rigió la convertibilidad, fue la rebaja del 13 % de las jubilaciones superiores a 500 pesos (dólares) mensuales que también aprobó el Congreso Nacional en el contexto de la denominada “Ley del Déficit Cero”, algo que, junto a muchas otras medidas de restricción fiscal, fue necesario para intentar superar la emergencia fiscal y económica por la que atravesaba el País.

Aún en el estado de crisis fiscal y económica que nos azotaba en 2001, la jubilación mínima era, en la práctica)  de 220 pesos (150 más 70 de subsidio a la pobreza, también pagado por la ANSES), alcanzaba a menos de 700 mil jubilados y la jubilación media era de 350 pesos, dando lugar a una erogación previsional total de 6 % del Producto Bruto Interno.

Los resultados de la política previsional de los Kirchner

El gobierno de los Kirchner, a diferencia de los Gobiernos de Menem y De La Rúa, no ha producido los ajustes que fueron necesarios para equilibrar el Presupuesto luego de discusiones y aprobaciones en el Congreso Nacional. Los hicieron utilizando el mecanismo mentiroso de la inflación no reconocida y no compensada por la movilidad que establece la Constitución Nacional. Ahora argumenta que el Congreso tiene una actitud fiscalmente irresponsable cuando exige que se establezca el 82 % móvil a todas las jubilaciones.

Hoy, en julio de 2010, la jubilación mínima es de  880 pesos (prácticamente la misma, en dólares y ajustada por el costo de la vida, bien medido, que en diciembre de 2001). Hay más de 3 millones de jubilados que cobran la mínima, cuando entonces eran apenas 700 mil. La Jubilación media es de  1.100 pesos, bastante por debajo de la jubilación media de diciembre de 2001 si se la mide con el verdadero aumento del costo de la vida.

La Corte Suprema de Justicia ha determinado que por la omisión de esos ajustes entre 2002 y 2006 se deben otorgar a los jubilados que recibían jubilaciones superiores a los 1000 pesos en diciembre de 2001 un aumento del 88 %. El Gobierno ha hecho caso omiso de esta decisión judicial y, por supuesto, no reconoce la deuda que ha acumulado con los jubilados por no haber cumplido con las leyes. Es probable que esa deuda ascienda a una cifra parecida a la de los 18 mil millones de dólares consolidados en setiembre de 1992.

El 82 % móvil.

Hay una gran confusión sobre el significado histórico del denominado “82 % móvil”. En todas las leyes jubilatorias en las que se lo estableció en el pasado, el 82 % móvil siempre se refirió a los beneficios jubilatorias de los trabajadores en relación de dependencia. Nunca a los denominados autónomos o independientes, cuyos beneficios y aportes se establecieron siempre por decreto y sin guardar relación alguna con los salarios del personal en relación de dependencia. La jubilación mínima, en la práctica, cuando se cumplía con las leyes previsionales, se aplicaba sólo a los jubilados por el régimen de autónomos, porque los trabajadores en relación de dependencia se jubilaban siempre con haberes superiores a la mínima.

En las leyes que estuvieron vigentes hasta 1995 el 82 % móvil regía para los jubilados estatales y algunos regímenes especiales en relación estricta al salario del trabajador en actividad que ocupaba el mismo puesto del ya jubilado. Después de las privatizaciones, cuando los cargos ejecutivos en las ex empresas del Estado pasaron a cobrar arriba de 10 mil dólares por mes, esas jubilaciones aumentaron desproporcionadamente con respecto a las demás. Eso dio lugar a que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto de Ley de Solidaridad Previsional, que fue aprobado por el Congreso. Esa ley puso límites a  estas jubilaciones muy altas, pero, aún con esos límites de 3.500 dólares hacia delante, hoy las jubilaciones más altas deberían ser del orden de los 12.000 pesos, si es que desde que se reinstaló la inflación, se hubieran ajustado todas las jubilaciones al ritmo del aumento del verdadero costo de la vida.

Para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, no alcanzado por los regímenes especiales, el 82 % fue un parámetro con el que se calculaba la jubilación inicial en función de un cierto promedio de los salarios percibidos por el trabajador antes de jubilarse. La razón por la que en la práctica este beneficio, que aún está vigente, no llega a los jubilados es porque a partir de que se reintrodujo la inflación en la economía, el cálculo de la jubilación inicial se hace sin indexar los salarios que entran en el promedio. Así, un jubilado que se retira cuando cobraba un sueldo de 8 mil pesos, quizás tiene un promedio de los salarios de los 10 últimos años de apenas 3 mil pesos.

La forma de re-establecer el 82 % móvil histórico, o un concepto muy cercano a éste, es obligando a que el Gobierno reintroduzca plenamente la movilidad tanto en la actualización de las jubilaciones ya existentes como en la determinación inicial del haber jubilatorio. En este último caso ello obligaría a ajustar los salarios de los años anteriores antes de calcular el promedio. Esto es consistente con la aplicación del denominado fallo Badaro, que, lamentablemente, el Gobierno se resiste a aplicar.

Tratar de introducir el concepto de 82 % móvil a través de vincular la jubilación mínima con el salario mínimo, sólo llevará a aventurar la distorsión y las injusticias que creo la práctica Kirchnerista de aumentar la mínima sin darle movilidad a las jubilaciones superiores a la mínima. En la práctica, se le estará dando a los Kirchner argumentos para perseverar en su flagrante e injusto incumplimiento de las leyes en vigencia. Es importante que la oposición no caiga en esta trampa.

Durante las últimas cinco semanas he participado en muchas reuniones y conferencias sobre la crisis que está viviendo el mundo y sobre el futuro de la economía global. He escuchado las más diversas opiniones, diagnósticos muy diferentes y pronósticos que van  de la gran depresión a un renovado y sostenido crecimiento. Voy a resumir para los visitantes de mi blog mi propia visión de lo que debemos esperar del futuro.

El dinamismo de la economía global ya no vendrá del crecimiento de los países actualmente avanzados. Ellos se debatirán por mucho tiempo en un clima de estancamiento como el que ha vivido Japón desde 1990. Esto no significa que habrá calamidades sociales en esos países, como no las hubo en Japón desde la explosión de su burbuja inmobiliaria alrededor de 1990.

Todos ellos han alcanzado un alto nivel de vida para su población y mientras crecieron se constituyeron en fuertes centros de atracción para los migrantes del mundo en desarrollo. Lo que probablemente ocurrirá es que esos flujos migratorios se atenuarán y, en algunos casos, se revertirán. El envejecimiento de las poblaciones de esos países y los déficits de sus sistemas de seguridad social obligarán a aumentar los impuestos sobre la población activa.

Sólo aparecerán oportunidades de empleo bien remuneradas en aquellos sectores de sus economías que sean capaces de contribuir al progreso tecnológico: sin duda sus universidades, centros de investigación y departamentos de investigación y desarrollo de sus empresas más dinámicas.

En las actividades tradicionales de producción y bienes y servicios, las remuneraciones de quienes sigan ocupados se estancarán o incluso podrán declinar en términos reales, porque enfrentarán una competencia cada vez mayor de la producción de los países en proceso de desarrollo, porque el proceso de globalización y la competencia que el mismo trae aparejado, no se detendrá.

Es muy probable, que luego de algunos años de uso y abuso de políticas keynesianas de estímulo a la demanda que serán aplicadas para tratar de promover el crecimiento, si no se producen descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas que brinden un gran impulso al aumento de la productividad global e inviten a un renacimiento de la inversión productiva en los países maduros, la inflación termine siendo el mecanismo de recaudación de los impuestos que no logren votar los respectivos parlamentos y, también, el mecanismo con el que se trate de resolver el problema del endeudamiento de gobiernos, familias y empresas.

El panorama pinta muy diferente en los países de Asia, particularmente en China e India, pero también varios países de América Latina y de África.

Estos países han descubierto los beneficios que pueden lograrse de la apertura de sus respectivas economías al comercio, a la inversión y a la tecnología disponible. En la medida que logran financiar altas tasas de inversión eficiente para modernizar sus procesos productivos y orientarlos al mercado en lugar de mantener a su población empleada sólo en actividades de subsistencia, estos países consiguen tasas de crecimiento sostenidas superiores al 6 % anual y, que en muchos casos, llegan a superar el 10 % anual. Y lo hacen sin que exista inflación, salvo aquella que refleja el aumento de los precios de servicios que no compiten con producción externa pero que tienen que extender mejoras en la retribución a los factores productivos que emplean, en línea con la que consiguen los trabajadores en la sectores que producen bienes y servicios competitivos en el mercado global.

El crecimiento de estas economías emergentes no será abortado por el eventual estancamiento de las economías maduras, porque se está extendiendo una red de comercio e inversiones que vincula crecientemente entre sí a las economías emergentes, y la tecnología susceptible de ser implementada más extensamente, si bien se originó en las economías maduras, está cada vez más disponible a costos decrecientes.

Sin lugar a dudas, si las economías maduras llegaran a aportar en los próximos años innovaciones tecnológicas de impacto extendido como lo fueron los avances en la tecnología de la información en las tres últimas décadas, esto daría un impulso adicional a las economías en proceso de desarrollo. Pero su crecimiento está asegurado con sólo avanzar en la implementación de las tecnologías disponibles al ritmo al que lo han venido haciendo China e India en la última década, porque aún quedan billones de personas viviendo en condiciones de subsistencia que pueden beneficiarse de acceso a esas tecnologías.

En América Latina, Chile, Brasil, Perú, México, Colombia y varios de los países más pequeños de América Central y América del Sur, se han embarcado ya en la misma tendencia que las economías de Asia.

Ojala el viaje China de la Presidente Cristina Kirchner, varios de sus ministros y la delegación empresaria que los acompañan, sirva para que nuestro gobierno advierta que Argentina se ha equivocado al automarginarse de este proceso de crecimiento con políticas de encerramiento económico que sólo han llevado a que, a diferencia de la mayoría de los países en desarrollo, los chinos nos miren con desconfianza. El aislamiento de por sí es malo, pero es mucho peor cuando incluye políticas discriminatorias contra el comercio y la inversión con los países que aportarán dinamismo a la economía mundial.

 

A nadie le deberían quedar dudas de que el Gobierno de los Kirchner ha venido mintiendo a los jubilados. Viene diciendo que se preocupa por ellos porque desde que tiene el poder ha decretado 17 aumentos de la jubilación mínima y, desde 2009 ha reinstalado un régimen automático de movilidad. Pero omite decir que aún con todos estos aumentos y esta tardía movilidad, la mayor parte de las jubilaciones tienen hoy un poder adquisitivo mucho menor que el que tuvieron durante la década del 90. Esto es el resultado natural de la inflación cuando la movilidad es parcial y tardía.

La mejor forma de trabajar por el bienestar de los jubilados es erradicando la inflación, como lo hicimos entre 1991 y 2001. En un ambiente inflacionario como el que hemos vivido desde el abandono de la convertibilidad, la única forma de evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo es con una movilidad ágil y completa.

La Corte Suprema de Justicia, que en la década de lo 90s había reconocido que cuando hay estabilidad no es necesaria la indexación, fue realista y demostró sabiduría y afán de justicia cuando dispuso en el  fallo “Badaro” que los jubilados que en 2001 recibían jubilaciones superiores a la mínima, tienen derecho a un aumento del 88 % por la falta de movilidad ente enero de 2002 y diciembre de 2006. Lamentablemente el Gobierno no está  respetando ese fallo. No ha reparado la injusticia hacia el futuro y, mucho menos, se ha hecho cargo de la deuda acumulada con esos jubilados por haberles pagado mucho menos de lo que les correspondía.

Si el Gobierno de los Kirchner fuera respetuoso de la ley y de la justicia, y si realmente quisiera respetar el derecho de los jubilados, debería haber ajustado, hacia delante, todas las jubilaciones alcanzadas por aquel fallo y, al mismo tiempo, debería haber pagado, o, al menos, documentado, la deuda acumulada con ellos a partir de que la inflación volvió a transformarse en un problema crónico. Esto es lo que hicimos en setiembre de 1992, cuando, además de ajustar hacia adelante todas las jubilaciones que tenían derecho al reajuste de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, entregamos a un millón cuatrocientos mil jubilados bocones previsionales por un valor total de18 mil millones de dólares. De esa forma dejaron de acumularse cientos de miles de sentencias y otros tantos juicios en curso ante los tribunales por legítimos reclamos de los jubilados.

Hoy, en materia de reclamos judiciales, se está viviendo la misma situación que se vivió durante los últimos años del Gobierno de Alfonsín y los primeros del Gobierno de Menem: los jubilados recurren a la justicia, con legítimas demandas y, cuando logran sentencias a su favor, sus reclamos se apilan en la ANSSES para ser atendidos cuando al gobierno decida abonarlos. Que esto ocurra ahora, cuando el Gobierno se desvive diciendo que tiene holgura fiscal, es mucho más grave e injusto que haya ocurrido en aquellos años en los que el País cayó en la hiper-inflación por décadas de desmanejos fiscales.

El Congreso Nacional, que hace bien de ocuparse de los Jubilados, debería ser prudente en sus decisiones. Está muy bien que decida obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallo “Badaro”, como además lo ha reclamado reiteradamente La Corte Suprema de Justicia. También seria razonable que obligue al Gobierno a reconocer la deuda acumulada con los jubilados por la omisión del ajuste entre 2002 y 2006, e incluso, tiene razón cuando plantea que en el ambiente inflacionario que estamos sufriendo el mejor índice para la movilidad es el salario promedio del personal en actividad. Pero no debería reclamar más que estas dos legítimas reivindicaciones.

Pretender que la jubilación mínima se ajuste para alcanzar el 82 % del salario mínimo con el argumento que ese ajuste podría pagarse con los recursos acumulados por los aportes de quienes habían elegido el sistema de capitalización antes de la apropiación por el Gobierno de esos fondos, sería convalidar un saqueo a los jubilados del futuro, es decir, a los actuales trabajadores activos, tal como ocurrió con la decisión, también demagógica del Gobierno de los Kirchner, de incorporar dos millones ochocientos mil nuevos beneficiarios al sistema jubilatorio que no habían hecho aportes durante su vida activa. Estos actos demagógicos sólo terminarán perjudicando a los jubilados presentes y del futuro a los que, cuando los beneficios devengados excedan largamente los recursos del sistema previsional, se les va a pagar con moneda desvalorizada y sufrirán brutalmente, como lo  hicieron entre 2002 y 2006, la pérdida del poder adquisitivo de sus jubilaciones.

La oposición, en particular la que aspire a gobernar desde diciembre de 2011, debe evitar que promesas imposibles de cumplir, entendible políticamente ante tanta demagogia y mentiras del Gobierno, se transforme en el factor agravante de la peligrosa crisis inflacionaria que ya se avizora en el horizonte y que podría llegar a explotar justo al comienzo del próximo gobierno.

Después de una década en la que Argentina reconstruyó lazos de amistad con casi todas las naciones del Mundo, inclusive con aquellas con las que había tenido conflictos más graves y, gracias a ello, consiguió ingresar al grupo de las 20 naciones que se reunirán dentro de pocos días para discutir las reglas del juego internacional del futuro, estamos terminando una década en la que política exterior nos ha llevado a quedar auto-marginados del Mundo. Sólo falta que nos expulsen del Grupo de los 20, cosa que puede llegar a ocurrir si nuestra Presidente sigue haciendo el tipo de discursos que ha hecho hasta ahora y la política exterior de Argentina contradice todos los compromisos asumidos en ese ámbito.

El primer acto de auto-marginación fue el aberrante manejo de la relación con los acreedores externos de la Argentina desde que se declaró el default de la deuda. En lugar de mostrarse compungidos por no poder cumplir con sus obligaciones, nuestros gobernantes trataron a los acreedores como usureros mal-intencionados, cuando ellos, particularmente muchos jubilados italianos, alemanes, españoles, franceses, japoneses y norteamericanos, habían comprado bonos de la Argentina cuando éstos pagaban rendimientos inferiores a los de México y Brasil. Hoy esos dos países han conseguido el grado de inversión para su deuda y tienen tasas de riesgo país muy bajas, mientras el nuestro no accede a crédito externo alguno y, los bonos en circulación, reflejan una tasa de riesgo cinco veces más alta que la de esas dos naciones.

El segundo acto de auto-marginación fue la tendencia a imponer restricciones a nuestras exportaciones de gas natural, trigo y carnes que nos llevó a incumplir con contratos y a desabastecer mercados tan tradicionales e importantes como los de Chile, Brasil y Europa. Lo que había sido una política de aliento generalizado a las exportaciones durante la década de los 90s, que había recreado la imagen de una nación capaz de cumplir con sus compromisos comerciales, fue reemplazada por una secuela de decisiones que, en aras de abastecer al mercado interno a precios ruinosos para los productores y satisfacción apenas temporaria de los consumidores, restringieron las ventas al exterior, aún de bienes que el país se había comprometido a proveer en contratos de largo plazo.

El tercer acto de auto-marginación fue la rehabilitación de la anacrónica política de sustitución de importaciones, forzada por restricciones cuantitativas, altos aranceles específicos y uso y abuso de las denuncias de dumping y de subsidios. Este tipo de política comercial externa afectó nuestra relación con Brasil, prácticamente puso en crisis al Mercosur y, más recientemente, ha dado lugar a fuertes reclamos y reproches de países como China, probablemente nuestro mercado más importante del futuro y Grecia, una nación amiga que está atravesando una situación económica extremadamente crítica.

La  descabellada forma de pretender evitar la contaminación del Río Uruguay que se llevó a cabo alentando a la gente de Gualegüaychú a que persistiera con el bloqueo del Puente al Uruguay por más de cinco años, es una manifestación escandalosa de inamistad hacia una nación hermana a la que nos unen los mayores lazos imaginables de la historia y la geografía.

Todos estos actos de barbarie económica y diplomática han sido coronados con discursos agresivos, prepotentes, llenos de falsedades obvias y con descortesías dignas del más vulgar comensal de un comedor de los arrabales.

Una de las tareas más urgentes que tendrá que hacer un futuro gobierno es reparar todos los daños emergentes de esta pésima política exterior. Si no se comienza por este ángulo, Argentina va a tener que enfrentar la crisis en la que terminará el Gobierno de los Kirchner, en el peor de los escenarios imaginables, dado que nadie en el Mundo estará dispuesto a darnos una mano cuando más la vamos a necesitar. La auto-marginación internacional a que nos ha conducido el gobierno de los Kirchner sólo tiene parangón, como herencia muy pesada hacia el futuro, con la crisis inflacionaria y fiscal a la que está conduciendo la política económica.

                                                               Por Domingo Cavallo, para La Nación

El Gobierno muestra orgulloso los índices que reflejan la recuperación del nivel de actividad económica y el aumento de la recaudación impositiva; y sigue escondiendo los índices de la inflación verdadera. Los analistas económicos, incluso los más críticos, sostienen que hemos pasado de la “estanflación” a la “reactinflación”. Es, con esta interpretación, que muchos empresarios aseguran que la inflación es soportable porque evita que sigamos en recesión. Y los sindicalistas encuentran que la inflación revaloriza su rol dirigencial, porque pueden negociar, más frecuentemente, fuertes aumentos de salarios nominales.

Aparentemente, la dirigencia argentina, a diferencia de la de la mayoría de los países del mundo, incluidos nuestros vecinos latinoamericanos, tiene una actitud complaciente frente a la inflación. Lo único parecido a la actitud de nuestra dirigencia  es la del Gobierno de Venezuela: la inflación no es problema para el “Socialismo del Siglo XXI”.

Craso error! Cuando la inflación se reinstala en una economía, como lo ha hecho en Venezuela y lo está haciendo en la Argentina, las perspectivas de mediano y largo plazo no son nada halagüeñas. Siempre terminan en un período largo de estanflación, si es que no desembocan pronto en una crisis hiper-inflacionaria.

En Argentina iniciamos un período de estanflación en el último trimestre de 2008 y es muy difícil estimar por cuanto tiempo estaremos viviendo con esta realidad. La estanflación se caracteriza porque convive el estancamiento económico- como tendencia de largo plazo- con inflación persistente. El estancamiento no significa que la economía esté permanentemente en recesión, como estuvo en 2009. Puede haber períodos de recuperación del nivel de actividad económica, como está ocurriendo en lo que va de 2010. Pero la economía sigue estancada porque no hay inversión eficiente, esa inversión que hace crecer a la capacidad productiva. A  causa de los cuellos de botella que va encontrando el proceso de producción, cualquier recuperación requiere niveles más altos de inflación y, cuando a ésta se la trata de detener, sea retrasando el tipo de cambio o restringiendo la expansión monetaria, esas mismas medidas terminan provocando una nueva recesión… y así sucesivamente.

En nuestro país la estanflación se extendió desde 1975 hasta 1988. Este período desembocó en la crisis hiper-inflacionaria de 1989-1990. Entre 1975 y 1988 la economía argentina estuvo virtualmente estancada, con períodos de recesión (1975-1976, 1981-1984, 1987-1988) y períodos de recuperación (1977-1980, 1985-1986) pero cada recuperación acumuló desequilibrios que llevaron a la posterior recesión y, en todos los casos, la inflación se mantuvo elevada, subiendo un escalón después de cada crisis.

Es una pena que con tanta experiencia no aprendamos de nuestra propia historia. Quienes se ilusionan con la recuperación del nivel de actividad económica que se observa en lo que va de 2010 deberían advertir que la elevada inflación que el gobierno está promoviendo para financiar este proceso reactivador, sembrará la semilla de la próxima recesión. Ésta será consecuencia de la crisis cambiaria, fiscal y monetaria que algún gobierno, el actual o el que lo suceda, va a tener que enfrentar con fuertes medidas restrictivas, so pena de abrir nuevamente las puertas a una crisis hiper-inflacionaria. Es muy difícil predecir cuanto tiempo tomará. Pero es seguro que habrá un momento de decisión. Y no será una decisión fácil. La inflación es la enfermedad económica más difícil de erradicar.

Para visualizar el futuro que nos espera, en la medida en que el Gobierno mantenga el manejo económico que viene haciendo desde 2003, basta observar lo que está ocurriendo en Venezuela. La inflación supera el 30 % anual, existen múltiples tipos de cambios como resultado de restricciones cambiarias draconianas, el país está virtualmente marginado de las corrientes globales de comercio e inversión y su gobierno introduce un nuevo control o lleva a cabo una nueva nacionalización cada semana, por no decir, cada día.

Por supuesto, este tipo de intervencionismo económico no sólo es incompatible con un sistema democrático de gobierno sino que crea innumerables oportunidades para la corrupción y las injusticias de todo tipo. Los grandes perjudicados no son ni los empresarios ni los banqueros. Ellos tienen muchas  oportunidades de sacar sus capitales de los países que manejan de esta forma sus economías. Los grandes perjudicados son los trabajadores y la gente más humilde, que ven deteriorar, primero, sus ingresos familiares y, a la larga, su futuro y el futuro de sus hijos. Por algún tiempo este tipo de gobierno confunde a los sectores populares con dádivas y subsidios, pero cuando los recursos tributarios se agotan y la inflación se vuelve insoportable, sólo quedan para ellos la angustia y la desesperanza.