(Este es el artículo que yo escribí para el libro «Los Noventa: la Argentina de Menem»)
Carlos Menem lideró una reorganización completa de la economía argentina que logró, por más de una década, erradicar la inflación y recuperar el crecimiento a tasas que sólo se habían visto en la primera década del siglo XX, cuando Argentina era uno de los países que más crecía en el mundo. Se trató del cambio de institucionalidad económica más importante de la segunda mitad del siglo XX, sólo comparable en importancia al que lideró Juan Perón en su primer gobierno
Se suele argumentar que lo que Menem cambió fue, precisamente, el legado económico de Perón, pero esa interpretación es equivocada, si no malintencionada. La organización económica que caracterizó al período 1945-1990 no fue resultado sólo del pensamiento y la acción de Perón en sus años de gobierno, sino que reflejó una interpretación de la realidad social y económica que, en líneas generales, era compartida por los partidos más importantes de la oposición a Perón, fundamentalmente el Radicalismo de la Convención de Avellaneda de 1945, como del Radicalismo y de los militares que gobernaron en las décadas subsiguientes. Las confrontaciones entre el Peronismo y el Anti-Peronismo que dominaron el escenario político antes de que Menem fuera elegido presidente, se centraron casi siempre en cuestiones políticas e institucionales, mucho más que en diferencias sobre el tipo de organización económica.
La organización económica que impulsó Menem durante la década de los 90s, además de la conquista de la estabilidad y el crecimiento, se inspiró en los principios económicos con los que Juan Bautista Alberdi nutrió a la Constitución de 1853, los que siguen incólumes a pesar de varias reformas constitucionales. Esta vuelta a los principios económicos de la Constitución Nacional, ayudó mucho a que las confrontaciones políticas que tenían que ver con valoraciones diferentes de lo que significa vivir en un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, fueran desapareciendo. Nadie puede negar que el gobierno de Menem logró diluir la confrontación Peronista Anti-Peronista y gobernó con más apego y respeto a los principios políticos de la Constitución Nacional que prácticamente todos los gobiernos que le precedieron, o, al menos, con tanto apego como el del gobierno de Raúl Alfonsín.
Desde mediados de la década del 40, las políticas estatistas y aislacionistas fueron reemplazando las reglas típicas de una economía de mercado y moneda sana, por nacionalizaciones de empresas privadas, intervenciones discrecionales en los mercados, fuerte emisión monetaria para financiar déficits fiscales y muchas regulaciones restrictivas de la competencia e inhibidoras de la inversión eficiente. Estas políticas prevalecieron a lo largo de casi medio siglo sin que ninguno de los gobiernos lograra revertirlas.
Existieron varios intentos de cambiar algunos aspectos de esas malas políticas, desde el del propio Perón a partir de 1952, el de Frondizi a partir de 1958 y el de los gobiernos de la década del 60 que administraron la economía luego del proceso de modernización y capitalización que resultó de la estrategia desarrollista, el del gobierno militar que tomó el poder luego del Rodrigazo y el del gobierno de Alfonsín en épocas del Plan Austral, pero ninguno de esos intentos fueron capaces de estabilizar la economía de manera duradera y lograr conformar una organización económica capaz de asegurar crecimiento sostenido a partir de inversiones eficientes y aumentos de la productividad.
La erradicación de la inflación como enfermedad crónica de la economía fue el logro más valorado por el pueblo y el que explica los resultados electorales de toda la década, incluido el de 1999 que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Sólo las dudas que el discurso de Eduardo Duhalde planteó sobre la continuidad de las políticas económicas de los noventas, combinadas con los compromisos de continuidad explícitos en el discurso de De la Rúa, explican que el Partido Justicialista fuera derrotado luego de una década de logros impresionantes en el campo de la economía, de la política exterior y de la lucha contra la pobreza.
Pero la estabilidad de los precios fue sólo la manifestación más visible de una verdadera revolución productiva de la que dan cuenta prácticamente todos los indicadores de la producción de bienes y de la prestación de servicios.
En 10 años el Producto Bruto Interno aumentó 48%, es decir un 4% por año, un crecimiento sólo comparable con el de la primera década del siglo XX. Pero como el concepto de Producto Bruto Interno no es fácilmente entendible para la gente, vale la pena mencionar indicadores complementarios.
La producción de granos pasó de 49 millones de toneladas en 1989 a 89 millones en 1999, es decir un aumento del 83% en el decenio o un 6,2 % anual. La pesca marítima total pasó de 475 mil toneladas en 1989 a 1 millón en 1999, es decir, un 114% de aumento en los 10 años y un 7,9% anual.
La producción de petróleo pasó de 27 millones de metros cúbicos en 1989 a 47 millones en 1999, lo que representa un aumento del 74% para el período de 10 años o un 5,7 % anual. Muy parecido fue el aumento de la producción de gas que pasó de 24 a 42 millones de metros cúbicos, es decir un 75% de aumento durante los diez años y un 5,8% anual. El número de usuarios de gas por redes aumentó 43 % en los diez años, pero la longitud de la red de distribución pasó de 50 mil a 99 mil kilómetros, es decir, un aumento de casi el 100% durante ese período. Esto da cuenta de la enorme expansión geográfica del servicio de gas natural. La energía eléctrica facturada pasó de 36 a 64 miles de GWh, es decir, un aumento del 78% entre 1989 y 1999, equivalente a un 6% anual. Ello explica que se pasara de 10 horas de cortes de electricidad por día en el verano 1988/1989 a exportaciones de electricidad a nuestros países vecinos a fines de los 90s. Fue tan significativo el cambio en el sector energético que las exportaciones de energía aumentaron a un ritmo del 21% anual durante el decenio.
En materia de transportes y comunicaciones el crecimiento fue también impresionante, especialmente en aeronavegación y comunicaciones telefónicas. El número de pasajeros transportados por avión pasó de 6 a 13 millones, un aumento del 111% para los 10 años o del 7,8% anual. El número de líneas telefónicas fijas, que por muchos años había estado estancada en menos de 3 millones se incrementó rápidamente a más de 7 millones amén de que al mismo tiempo comenzó la revolución de los teléfonos celulares. El aumento de líneas fijas fue de 136% en los 10 años o un 9% por año.
El número de pasajeros transportados por ferrocarril aumentó de 280 a 483 millones entre 1989 y 1999, un aumento del 72% o del 5,6% anual. El número de pasajeros transportados por subterráneos pasó de 184 a 386 millones en el mismo período, es decir, un aumento del 88% o del 6,5% anual. El producto Bruto del sector construcciones aumentó 59% durante los 10 años o el 4,8% anual mientras que la industria manufacturera creció sólo el 31 % entre 1989 y 1999 lo que significa un 2,7% anual.
Comparando el crecimiento del sector industrial con el del resto de los sectores, se ha argumentado insistentemente que el país sufrió un proceso de des-industrialización, que se atribuye a la competencia de la producción importada originada en el proceso de apertura económica. Pero esta crítica no tiene en cuenta el cambio estructural que se produjo en el sector industrial. Las ramas industriales con tecnologías más modernas aumentaron mucho más y se estancaron o declinaron las actividades que habían crecido sólo al amparo de una fuerte protección que les permitía seguir operando con muy bajos niveles de productividad.
Este cambio estructural fue posible porque la inversión aumentó el 96% para el período o el 7% anual. Esta inversión facilitó un impresionante proceso de modernización industrial que se refleja en el aumento de las importaciones de bienes de capital de 744 a 6.748 millones de dólares entre 1989 y 1999, es decir un aumento total del 807% o 24,7% anual.
El proceso de modernización explica que, por ejemplo, la producción de automóviles pasara de 107 mil unidades en 1989 a 225 mil en 1999, con un pico de producción de 366 mil unidades en 1997. Durante esos años se instalaron nuevas fábricas como las de Toyota, General Motors y Fiat e importantes ampliaciones en las empresas que ya estaban instaladas en el país. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial son otro indicador claro del proceso de modernización industrial. Pasaron de 3.186 a 6952 millones de dólares, es decir un aumento total de 118% o 8,1% anual. Claramente, el crecimiento industrial fue liderado por los sectores de exportación, es decir, aquellos que lograron un nivel de productividad suficiente como para competir en el exterior.
El aumento de las exportaciones fue tan alto como el de la inversión. Las exportaciones totales a precios constantes de 1993, pasaron de 14 mil millones de dólares en 1989 a 30 mil millones en 1999, un aumento de 119% para el decenio y 8,1% anual, semejante al de las exportaciones industriales. Un caso notable es el de las exportaciones de vino, que aumentaron de 21 millones de litros en 1989 a 88 millones en 1999, es decir, se cuadruplicaron durante esos 10 años, un aumento del 15,4% anual.
Lamentablemente, la discontinuidad y reversión de las reformas económicas que se produjo a partir del abandono de la convertibilidad en 2002, han recreado, hacia 2020, problemas de la misma naturaleza que los que el gobierno de Menem había logrado solucionar durante la década de los 90s. Por esa razón, escribiendo este artículo en marzo de 2020, pienso que más allá de enumerar los logros de su gobierno, es relevante y útil para el presente y el futuro describir cuales fueron las claves de su éxito en materia económica.
Recuperación de la confianza ciudadana
La recuperación de la confianza ciudadana en cuestiones económicas incluye la recreación del crédito interno, pero abarca muchos otros aspectos que tienen que ver con la atenuación de los miedos y la inseguridad que complican la vida cotidiana de las familias y el desenvolvimiento de las empresas que no logran protegerse a través de la acumulación de poder corporativo.
Cuarenta y cinco años de inflación, en todas sus variantes: inflación moderada pero persistente durante 30 años (1945-1975), estanflación durante 13 años (1975-1988) y dos años de hiperinflación (1989 y 1990), habían hecho desaparecer todos los ahorros de las familias argentinas que habían confiado en la moneda nacional y habían obligado al ciudadano común a refugiarse en el dólar billete y, a los más sofisticados financieramente, en depósitos o inversiones en el exterior. Pero, hacia fines de los 80s, nadie ahorraba ya en australes, la última de las varias monedas locales que habían ido apareciendo a lo largo de aquel tiempo. Como consecuencia, el sistema financiero local tenía una dimensión mínima y el crédito interno había prácticamente desaparecido no sólo para el sector público sino también para las empresas privadas y para las familias.
La confianza ciudadana se logró a partir de la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Convertibilidad. El proyecto de ley se presentó al Congreso el 14 de marzo y aprobada por las dos cámaras en las dos semanas siguientes para ser promulgada por el Poder Ejecutivo el 28 de marzo y entrar en vigencia efectiva el 1 de abril. Esta ley introdujo el Peso Convertible, creado a través de una caja de conversión como la que había dado muchos años de estabilidad a partir de 1 899 y, al mismo tiempo, legalizó el uso del dólar y otras monedas extranjeras para todo tipo de transacción comercial y financiera, en igualdad de condiciones del Peso Convertible.
Si bien Argentina se encontraba en default de su deuda externa, varias decisiones sobre el sistema monetario que habían sido adoptadas en los meses previos al lanzamiento de la convertibilidad facilitaron su implementación. En primer lugar, que, a pesar del default de la deuda externa, los BONEX, el título de la deuda en dólares bajo ley argentina, había sido respetado ininterrumpidamente desde el momento de su primera emisión. En segundo lugar, que desde fines de 1989 se había dispuesto la unificación y liberalización del mercado cambiario, lo que significó permitir la compra y venta de dólares en forma libre para toda la población. En tercer lugar, la utilización del BONEX como activo de reemplazo de los depósitos a plazo fijo en australes que estaban fuertemente amenazados de desvalorización a fines de 1989. El Plan BONEX fue una transformación de los depósitos en australes a BONEX, exactamente inversa a la pesificación compulsiva de enero de 2002, cuando los depósitos en dólares se transformaron en depósitos en pesos, precisamente para ser desvalorizados por el golpe inflacionario que lo sucedería.
Las medidas monetarias anteriores a la Ley de Convertibilidad, aun cuando tenían buenas intenciones, así como las privatizaciones y muchas decisiones de reforma del Estado y disminución del gasto público que habían sido iniciadas durante 1990, seguían sin conseguir apoyo popular porque después de tantos años de prédica estatista y aislacionista por parte de la dirigencia política y corporativa, esas reformas eran vistas como contrarias al interés general y el gobierno, al aplicarlas, estaba perdiendo popularidad y apoyo político. Había llegado el momento de convencer a la población con resultados contundentes en materia de estabilidad. Sólo así, las imprescindibles reformas estructurales conseguirían el apoyo necesario para ser llevadas a la práctica y sostenidas en el tiempo.
Al momento del lanzamiento de la ley de Convertibilidad, cuando una fuerte emisión de australes al final de 1990 había creado la amenaza de una nueva aceleración hiperinflacionaria, la gente había comprendido que sólo el dólar había protegido el valor de sus ahorros en la medida en que habían logrado colocarse en esa moneda. La Ley de Convertibilidad produjo el efecto de recrear de inmediato la confianza de la gente porque El Peso Convertible y el dólar iban a ser las monedas para todo tipo de transacciones, no sólo las financieras, destinadas a proteger los ahorros, sino también, para el pago de salarios y la determinación de los precios.
En los meses que siguieron al lanzamiento de la convertibilidad, la gente comenzó a depositar sus dólares en el sistema bancario, ya sea manteniéndolos en esa moneda o canjeándolos 1 a 1 con Pesos Convertibles. Así renació el crédito interno, sobre todo para el sector privado, porque el sector público, por varios años, no necesitó endeudarse. Las medidas de reforma del estado y de emergencia económica que habían sido adoptadas en los meses precedentes y la inmediata estabilización de los precios, hicieron desaparecer el déficit fiscal, a pesar de que la convertibilidad fue acompañada por la decisión de eliminar las retenciones agropecuarias que por entonces aportaban el 30% de la recaudación impositiva total.
Como además del default de la deuda externa, el Estado tenía también una fuerte deuda interna que no estaba siendo atendida, especialmente con los jubilados que habían reclamado judicialmente por el incumplimiento de los beneficios que les otorgaban las leyes en vigencia, con las provincias que reclamaban regalías hidrocarburíferas impagas y con muchos contratistas y proveedores que tenían cuentas a cobrar desde bastante tiempo atrás, se sancionó la ley de consolidación de pasivos, que permitió reconocer y consolidar deudas por 26 mil millones de dólares. Esta medida contribuyó a que se ratificara el clima inicial de estabilización que logró la ley de Convertibilidad.
La ley de consolidación de pasivos permitió sincerar la magnitud de la deuda pública heredada por el gobierno de Menem. Al 31 de diciembre de 1989, la deuda pública bien medida no era de 66 mil millones de dólares como había registrado la precaria e incompleta contabilidad pública de la década de los 80s, sino de 89 mil millones de dólares, como calcularon Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo en 1996 en su trabajo “El Endeudamiento del Sector Publico de Argentina en el Periodo 1989-1995”. La recuperación de la confianza ciudadana precedió a la salida del default de la deuda externa y a la recuperación de la confianza del exterior.
Recuperación de la confianza del exterior
Desde el momento mismo en que asumió como Presidente de la Nación, Menem decidió implementar una política exterior que permitiera recuperar la confianza externa, tanto por parte de los gobiernos, los organismos internacionales y los potenciales inversores del exterior. Lo consiguió rápidamente con los principales gobiernos del mundo, en particular el de nuestros vecinos latinoamericanos y el gobierno de los Estados Unidos, así como con los de Europa, especialmente desde la conclusión del estado de beligerancia con el Reino Unido.
En materia de política exterior es fácil advertir hoy que Menem acertó en leer lo que estaba ocurriendo en el mundo en los meses previos a la caída del Muro de Berlín y cuando se generalizaba en el mundo la idea de que la mayoría de los países avanzaban hacia economías de mercados libres y abiertos y a sistemas políticos democráticos. Pero no era tan claro en aquel momento. En Argentina, la mayoría de la dirigencia política seguía adhiriendo a las ideas de que el exterior era más bien fuente de acechanzas y peligros más que de oportunidades de progreso. Pero Menem, lejos de amilanarse, expuso con mucho énfasis y claridad, que Argentina necesitaba integrarse cada vez más al mundo como forma de multiplicar sus oportunidades para el progreso.
Pero aun cuando las políticas internas que se enmarcaban en las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado no diferían de las que predicaban los organismos financieros internacionales y los acreedores, el clima aún hiperinflacionario que percibían los actores económicos del exterior eran un gran obstáculo para que ellos también confiaran en Argentina. Además, el hecho de que el país seguía en default de su deuda externa era un condicionante importante para la recuperación de esa confianza.
Un testimonio claro de la demora que se estaba produciendo en materia de recuperación de la confianza externa en cuestiones económicas fue la actitud del FMI frente al lanzamiento del Plan de Convertibilidad. Inicialmente no lo apoyó con el argumento de que la eliminación de las retenciones agropecuarias aumentaría el desequilibrio fiscal.
Pero producida la inmediata desinflación de la economía, ese fenómeno actuó como catalizador de la recuperación de la confianza externa. Al cabo de pocos meses, el FMI ofreció su apoyo, lo mismo que el Banco Mundial y el BID y, en especial el Gobierno de Japón. Poco tiempo después fue posible salir del default externo mediante una reestructuración de la deuda dentro del marco del denominado Plan Bradi. Fue entonces, en 1993 que Argentina recuperó el crédito externo. Claro que dos años antes había recuperado el crédito interno y ambos resultados apuntalaron el proceso de crecimiento de los restantes años de la década.
La deuda pública de Argentina, que bien medida había sido de 89 mil millones de dólares a fines de 1989 había bajado a 81 mil millones a fines de 1995 y, con todo el aumento que provocó el impacto de la crisis Tequila, recién alcanzó los 90 mil millones de dólares en diciembre de 1996. Es cierto que entre 1996 y 1999, la deuda pública volvió a crecer, pero en no más de 22 mil millones de dólares y, fundamentalmente, por el déficit en el que comenzaron a incurrir las provincias. Sobre todo, la de Buenos Aires, desde que su gobernador comenzó a trabajar en pos de su candidatura a presidente para 1999. Aún así, el aumento de la deuda pública entre 1989 y 1999 fue de sólo 22 mil millones de dólares, mucho menor que el aumento que se había producido durante los gobiernos precedentes.
Aliento a la inversión eficiente y al aumento de la productividad
La recuperación de la confianza interna y externa permitió que se expandiera el crédito para el financiamiento de la inversión de todo tipo de empresas y que, una parte significativa del ahorro interno y externo, se constituyera en inversión directa, es decir en capital accionario para asegurar a las empresas una estructura patrimonial robusta.
El proceso de privatización de las empresas del Estado, cuyo mala administración e inmensa corrupción en el pasado habían sido las principales causas del descontrol del gasto público y los fuertes déficits fiscales, se constituyó en un eficaz mecanismo de aliento a la inversión por parte del sector empresario que decidió participar en las licitaciones. Esto ocurrió, luego que la convertibilidad y el proceso de desregulación crearan muchas oportunidades de obtener ganancias en base a eficiencia y aumentos de productividad.
Antes de la convertibilidad, las privatizaciones y la reforma del Estado eran vistos como instrumentos para calmar a los acreedores con la perspectiva de que las deudas se transformaran en acciones, que era lo que reclamaban los banqueros desde el default de 1987.
A partir de que la convertibilidad, la desregulación y el establecimiento de reglas de competencia y controles antimonopólicos, transformaron a las privatizaciones y a la reforma del estado en herramientas muy eficaces para el aliento a la inversión y el aumento a la productividad. Fue entonces que aparecieron muchos empresarios argentinos y extranjeros interesados en invertir. Antes de que ello ocurriera, las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de Entel no habían despertado mucho interés y, para lograr alguna participación, se habían tenido que otorgar condiciones monopólicas que no iban a generar todos los beneficios que debían esperarse del proceso privatizador.
Luego de que la economía se estabilizara, las principales clausulas monopólicas pudieron renegociarse y todas las privatizaciones que se llevaron a cabo a partir de 1992, contaron con reglas que favorecieron la competencia y limitaron el poder monopólico en los sectores donde la tecnología no permitía que la competencia funcionara. Esto ocurrió con la privatización del petróleo, el gas y la electricidad, los puertos y los elevadores, el agua, los ferrocarriles y las autopistas y el dragado del río de la Plata y del Río Paraná. Los resultados fueron excepcionales, especialmente los de la energía y el transporte.
La apertura de la economía, en especial la eliminación de las retenciones y la reducción de las trabas a las importaciones de los bienes de capital necesarios para avanzar hacia las más modernas tecnologías, el nuevo régimen automotriz y la liberación del comercio entre los miembros del Mercosur, abrieron importantes oportunidades de inversión en el sector agropecuario y en las industrias con potencial exportador. Fueron estas inversiones, junto a las que respondieron al proceso privatizador, las que provocaron una fuerte recuperación de los niveles de productividad y permitieron el fuerte aumento de las exportaciones.
Simplificación de las reglas fiscales y laborales
Consciente de que muchas empresas pequeñas e incluso medianas sólo habían podido desarrollarse evadiendo impuestos, incumpliendo las leyes laborales y aprovechando protecciones derivadas de las continuas devaluaciones monetarias y las trabas a las importaciones, la estrategia reformadora del gobierno del Presidente Menem incluyó la simplificación de las reglas fiscales y laborales, especialmente para las pequeñas empresas.
Se eliminaron muchos impuestos distorsivos, se eliminaron los impuestos de sellos y a los ingresos brutos en los sectores productores de bienes y servicios intermedios, se estableció un sistema de aportes jubilatorios decrecientes en función del grado de desarrollo de las regiones y su distancia desde Buenos Aires, se simplificó la negociación colectiva y el régimen de despidos para las empresas más pequeñas.
Los problemas que creaba para todo tipo de empresas el antiguo régimen de accidentes de trabajo y enfermedades inculpables fueron resueltos a través de la sanción de la ley que creo el sistema de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ARTs). Se avanzó en cierto grado de descentralización de la negociación colectiva y a inducir que las negociaciones salariales fuera acompañadas por negociaciones para facilitar el aumento de la productividad.
En esta materia, quedó mucho camino por recorrer, como lo reflejaron tanto el lento crecimiento del empleo como la lenta reducción de la informalidad, pero se hizo todo lo que fue posible sin generar conflictos gremiales que provocaran disturbios y confrontaciones costosas, tanto desde el punto de vista económico como de la estabilidad social.
El presupuesto para proveer los bienes públicos
Después de muchos años, el gobierno del Presidente Menem consiguió que a partir de 1992 se aprobaran los presupuestos anuales antes del comienzo de cada año, lo que junto con la Reforma del Estado, permitió transformar al manejo fiscal en el instrumento para asegurar el financiamiento de los bienes públicos, administración general, Salud, Educación, Justicia ,Seguridad y cumplir con las obligaciones previsionales de manera ordenada y transparente, de tal forma de establecer prioridades que favorecieran la adecuada prestación de estos servicios .
Como ejemplo de lo que logró este superior manejo presupuestario, puede señalarse que mientras el gasto público total disminuyó desde el 35% del PBI a porcentajes que fluctuaron alrededor entre 25 y 28 % del PBI, el gasto en salud pasó de representar el 3,8% del PBI en 1989 al 5,8% en 1999, el gasto en Educación aumentó del 3,4% del PBI en 1989 a 4,9 en 1999 y las asignaciones presupuestarias para pagos de jubilaciones y pensiones pasó del 4,1% en 1989 al 6 % del PBI a partir de 1995 hasta 1999.
No debe sorprender entonces que la tasa de mortalidad infantil disminuyera del 2,4 al 1,5 por mil, que el número de alumnos en escuelas pre-primarias aumentara un 48% y el de estudiantes universitarios un 79% y que la jubilación media, en términos de poder adquisitivo, prácticamente se duplicara entre 1989 y 1999.
En materia de Jubilaciones y pensiones, en 1992 se ajustaron los haberes de tal forma de igualarlos a los que las leyes otorgaban a cada beneficiario, conforme al régimen por el que se habían jubilado. Esto significó que de los 2 millones 700 mil jubilados que cobraran la jubilación mínima, sólo 700 mil continuaran en esa situación mientras los restantes 2 millones pasaron a cobrar haberes por arriba de la mínima, conforme los derechos que les daban los aportes que cada uno había hecho a lo largo de su vida activa. Se reconocieron y saldaron con bonos previsionales las deudas por 18 mil millones de dólares que eran reclamadas ante la Justicia por los incumplimientos anteriores. Se sancionó un nuevo régimen previsional que dio a los trabajadores la alternativa de enviar sus aportes personales jubilatorias a administradoras de fondos de pensiones como respaldo de sus futuras jubilaciones y se complementó el financiamiento del sistema previsional con afectación específica de un porcentaje de la masa de recursos coparticipables, de tal forma de asegurar que el sistema previsional contara con recursos para hacer frente a obligaciones por hasta el 6% del PBI.
Cuando se detectaron aumentos de beneficios desmesurados, sea por jubilaciones de privilegio o por el enganche a las altas remuneraciones que comenzaron a pagar las empresas privatizadas, que existía para quienes habían trabajado como directivos o ejecutivos en empresas del estado, lejos de incumplir arbitrariamente con esos pagos, se sancionaron leyes, como la de derogación de jubilaciones de privilegio de 1994 y la de Solidaridad Previsional de 1995, que, convalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitieron que las erogaciones previsionales se mantuvieran dentro del límite del 6% del PBI.
El buen manejo presupuestario permitió también aumentar la distribución de recursos a las provincias, que pasaron de erogar el 39% del gasto primario del sector público en 1989, al 52% en 1999, fortaleciendo el sistema federal y permitiendo que las jurisdicciones locales contaran con más recursos para implementar las políticas sociales que sólo ellos pueden focalizar con eficacia por su cercanía a los ciudadanos.
¿Por qué todo cambió a partir de enero de 2002?
A pesar de que el Justicialismo perdió las elecciones de 1999 y el Presidente Menem pasó el bastón de mando a Fernando De la Rúa, el candidato de la oposición que, sin embargo, había prometido más continuidad en materia de política económica que la que insinuaba Eduardo Duhalde en su campaña, la organización económica que Menem había logrado plasmar durante sus 10 años de gobierno, sobrevivió sin grandes cambios. Pero, lamentablemente, la falta de cohesión de la fuerza política que llevó al poder a De la Rúa no le permitió al nuevo presidente enfrentar con éxito los desafíos que plantearon circunstancias externas particularmente desfavorables y la crisis financiera que emergió del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario local en un contexto de creciente pérdida de la confianza de los financistas e inversores del exterior.
El Peronismo de la provincia de Buenos Aires, liderado por Duhalde junto al Radicalismo de esa misma provincia, con el asentimiento de Alfonsín, favorecieron el golpe institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001. Lo hicieron con la convicción de que sacando a De la Rúa, que había dado continuidad a la convertibilidad, terminarían con lo que denominaban ¨el modelo económico neoliberal de los 90s¨, al que atribuían todas las dificultades económicas que se estaban viviendo.
Ese golpe fue fuertemente apoyado por los industriales endeudados en dólares. Ellos vieron en la caída del gobierno de De la Rúa y, en particular, en mi salida del ministerio de Economía, la oportunidad de resolver sus problemas sectoriales a partir de la pesificación compulsiva de los activos y pasivos en dólares y la devaluación que de suyo se produciría luego de esa arbitraria decisión. Por supuesto, todo esto significaba el completo abandono de la convertibilidad. Es decir, no sólo el default de la deuda externa sino el de toda la deuda interna que pasaba a ser licuada tanto si estaba pactada en pesos como si había sido originalmente pactada en dólares.
Como el abandono de la convertibilidad produjo un inmediato golpe inflacionario, provocando la caída de los salarios reales y de las jubilaciones, aumentando estrepitosamente la desocupación y la pobreza y acentuando la recesión que ya se había prolongado por más de dos años, el gobierno de Duhalde y quienes lo habían apoyado desde las corporaciones y los medios decidieron demonizar no sólo la convertibilidad sino todas las reformas de los 90s, argumentando que fueron esas reformas las que provocaron la trágica crisis de 2002.
Desde 2003 en adelante, el fuerte aumento del precio de la soja y otros productos de exportación y la bonanza internacional permitieron que se saliera de la recesión y se recuperara por algunos años el crecimiento. En ese contexto, se revirtieron todas las reformas que habían abierto oportunidades de inversión eficiente para el sector privado y alentado el aumento de la productividad, aumentó desmesuradamente el gasto público y se generaron persistentes déficits fiscales. En síntesis, se desorganizó la economía y se recrearon prácticamente todas las distorsiones que la gestión de Menem había logrado corregir. Por eso hace ya casi una década que el país sufre estanflación y se ha reinstalado en la gente angustia y desesperanza, fenómenos no muy diferentes a los que se vivían en 1989, en medio de la hiperinflación.
Cuando me invitaron a escribir este artículo para un libro en homenaje del Presidente Carlos Menem, decidí hacerlo para destacar lo costoso que es para el futuro de la Argentina que los dirigentes políticos que gobernaron a partir de 2002 hayan revertido sus reformas y abandonado una organización económica que respetaba plenamente el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Han recreado formas de intervención del Estado en la economía que, lejos de ayudar a perfeccionar el sistema de gobierno representativo, republicano y federal, favorecen la consolidación y expansión de las fuerzas corporativas que buscan hacer prevalecer sus intereses sectoriales y privilegios por arriba del interés general. Ojalá el reexamen de la experiencia de los 90s ayude a los gobernantes actuales y del futuro a reencontrar el camino del progreso que sin duda Menem encontró y recorrió con perseverancia.
Post scriptum
Yo escribí cuatro libros en los que hablo del gobierno de Menem y decenas de artículos que pueden encontrarse en mi blog www.cavallo.com.ar
Nunca escondí mis críticas a algunas de sus políticas y acciones, pero las hice siempre cuando él estaba en el poder y todavía podía corregir lo que yo le criticaba. En particular, en el libro “El Peso de la Verdad”, publicado en 1997.
En mis libros “Estanflación” de 2008,” Camino a la Estabilidad” de 2014 y, sobre todo, el que escribimos con mi hija Sonia Cavallo-Runde en 2017, titulado “Historia Económica de la Argentina”, presento en forma mucho más detallada, los argumentos y las opiniones que resumo en este artículo. No podía ser de otra forma, porque en esos libros traté de describir las lecciones del pasado que pueden ayudar a encontrar soluciones a los problemas que se recrearon a partir de 2002. Y la experiencia del gobierno de Carlos Menem aporta ideas y sugerencias muy valiosas para volver a reconquistar la estabilidad y el crecimiento.
